La Administración Trump ya no impedirá que los adolescentes inmigrantes bajo custodia federal accedan a los servicios de aborto, según un acuerdo aprobado el miércoles por un juez en Washington.

La revisión de la política se produce tres años después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) acudiera a los tribunales en nombre de una joven centroamericana embarazada de 17 años.

La demanda acusó al gobierno de imponer una prohibición inconstitucional del aborto a cientos de niñas embarazadas bajo custodia federal cada año, reseñó The Washington Post.

Como parte de la nueva política, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del gobeirno aclaró que los refugios no pueden interferir con el acceso a la atención de salud reproductiva, incluido el aborto.

La controversia llegó a los tribunales en 2017 y atrajo una amplia atención debido a la participación previa del juez de la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh, quien anteriormente sirvió en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de DC.

La adolescente, conocida en el tribunal como Jane Doe, intentó abortar mientras estaba recluida en un refugio financiado por el gobierno en Texas. Un juez local había determinado que la joven era lo suficientemente madura para tomar la decisión.

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Sin embargo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados había adoptado una política de negarse a facilitar los abortos para las adolescentes embarazadas bajo custodia que cruzaron la frontera ilegalmente sin sus padres.

El exdirector de la Oficina, E. Scott Lloyd, dijo que los refugios respaldados por el gobierno deberían apoyar “solo servicios de embarazo y asesoramiento sobre opciones que afirmen la vida”.

La posición fue una desviación de la política impulsada durante la Administración Obama, que no impidió que los migrantes bajo custodia estadounidense se sometieran a abortos por cuenta propia.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan emitió una orden judicial en 2018 que impedía a la administración detener un aborto mientras la demanda estaba pendiente. Esta semana, ambas partes decidieron desestimar voluntariamente el caso.

“Nos alivia que el gobierno finalmente haya abandonado sus intentos de impedir que los jóvenes bajo su custodia accedan al aborto”, dijo Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de ACLU, en un comunicado. El cambio de política, dijo, “corrige uno de los males que esta Administración ha cometido contra los inmigrantes detenidos”.

El Departamento de Justicia, que defendió la política de impedir abortos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Como resultado de la demanda, a Jane Doe se le permitió interrumpir su embarazo. La ACLU luego se enteró de otras jóvenes bajo custodia que no pudieron acceder a los servicios de aborto.

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De acuerdo con la política revisada en la corte, los funcionarios federales y el personal de los refugios no pueden “tomar medidas para obstruir o interferir con” el acceso a los procedimientos judiciales, asesoramiento sobre abortos o un aborto.

Los proveedores de atención y los funcionarios federales también deben garantizar el acceso a las citas médicas relacionadas con el embarazo “de la misma manera que lo harían con respecto a otras afecciones médicas”.

Fuente: The Washington Post.

Traducción libre del inglés por El Tiempo Latino.

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