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La Corte Judicial Suprema está considerando un recurso judicial a las órdenes ejecutivas del gobernador Charlie Baker que cerró muchas empresas debido a la pandemia de coronavirus. El tribunal escuchó el caso el pasado viernes por la mañana, seis meses después del estado de emergencia.
Un abogado que representa a los dueños de negocios y líderes religiosos dijo a los jueces del tribunal más alto del estado que Baker “puso al gobierno patas arriba” con su respuesta a la pandemia.
“Ninguna pandemia ha provocado jamás un estado de emergencia de la Ley de Defensa Civil”, dijo el abogado Michael DeGrandis en nombre de los demandantes, que incluyen a los dueños de negocios en Hubbardston, Lexington, Burlington y Marlborough, los pastores de iglesias en Westfield y Medford, y el director de Trinity Christian Academy en Barnstable.
DeGrandis sostiene que el gobernador no tenía autoridad para ejercer el poder policial en virtud de la Ley de Defensa Civil del estado.
“Todos los estados de emergencia anteriores se han relacionado con la preparación militar, crisis relacionadas con el clima y un caso de explosión de gas natural que incendió al menos tres ciudades”, dijo DeGrandis.
Las empresas argumentan que la legislatura no tenía la intención de que el gobernador tuviera ese poder durante una pandemia, sino que lo dejaba a cargo de las juntas de salud locales. Los demandantes afirman que si la legislatura hubiera querido que el gobernador tuviera el poder de actuar durante una pandemia, lo habrían incluido específicamente en la lista de razones para invocar dicho poder.
La juez Elspeth Cypher rechazó la afirmación.
“¿No tienes que admitir que el gobernador Baker ha hecho un muy buen trabajo aquí, especialmente cuando lo comparas con los otros estados?”, preguntó Cypher.
DeGrandis indicó que el punto era irrelevante.
“Si ha hecho un buen o mal trabajo, si sus políticas son correctas o incorrectas, no es relevante para la cuestión fundamental de si una enfermedad es un estado de emergencia de defensa civil, ni para la cuestión de si puede ejercer un poder de policía de curso general al dar las órdenes”, dijo DeGrandis.
Al defender al gobernador, el fiscal general adjunto Douglas Martland dijo que la pandemia se ajusta a la definición de desastre natural.
“Surge de un efecto de causa natural que es indiscutible en este caso. Y está causando un desastre de proporciones masivas dentro de la mancomunidad y en todo el país”, dijo Martland.
Martland también dijo que la legislatura ha tenido muchas oportunidades para limitar la autoridad del gobernador si hubiera deseado hacerlo. También señaló que la legislatura asignó más de $1 billón en fondos para la respuesta de alivio de COVID del estado.
“Creo que los hechos son claros, ha habido una reiterada confirmación, ratificación y apropiación por parte de la legislatura de las acciones del gobernador aquí”, dijo Martland a los magistrados.
Los jueces han tomado el caso bajo asesoramiento y emitirán un fallo en una fecha futura.
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