El Gobierno interino de Bolivia examinará con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, si quienes poseen ese estatus de “refugiado” pueden emitir declaraciones políticas o participar en actos de esa índole.
Esta inquietud surge tras la ponencia de Evo Morales en Argentina, donde tramita su refugio.
La canciller boliviana, Karen Longaric, informó que consultarían si dentro del reglamento de ACNUR se encuentra permitido que los refugiados hablen o emitan opiniones de carácter político que atente contra la estabilidad del país que los recibe o del que han salido por cual sea la razón que haya generado esta acción.
La Paz se quejó ante el gobierno de Argentina, por las declaraciones, palabras y actividades públicas y de índole político realizadas por parte del exmandatario de la nación andina, Evo Morales, quien se encuentra asilado en esta nación luego de renunciar el pasado 10 de noviembre a su cargo como presidente en medio de una extrema convulsión social, protestas y crisis que atravesaba Bolivia.
Morales ejerció como presidente durante casi 14 años, específicamente desde el año 2006; el pasado jueves 12 de diciembre pidió asilo en Buenos Aires, Argentina tras irse de Cuba, donde se encontró por una semana realizando su “supuesto” tratamiento médico.
Longaric mencionó solicitar la consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, antes de realizar una queja formal ante el nuevo gobierno de Alberto Fernández por permitir que el exjefe de estado boliviano emitiera un discurso político en este país.
La fiscalía boliviana emitió este miércoles una orden de captura contra el exgobernante de la nación andina, por los delitos de sedición y terrorismo, información que fue revelada a través de la cuenta de twitter del ministro de interior Arturo Murillo cuya orden de aprehensión fue rechazada categóricamente por Morales quien afirma que continúa siendo presidente, además de anunciar que será defendido por un equipo internacional que se encuentra dirigido por el jurista español que persiguió a Augusto Pinochet, Baltasar Garzón.
Garzón advirtió que actuarían jurídicamente contra esta orden la cual considera que no es ni constitucional ni legal haciendo referencia al documento, firmado por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca, que ordena a fiscales, policías y funcionarios públicos que buscan la detención de Evo Morales ante las oficinas de la fiscalía como un acto fuera del reglamento constitutivo.
