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El juez federal Brian Cogan negó la solicitud hecha por Joaquín el Chapo Guzmán para que se realizara un nuevo juicio, alegando que hubo mala conducta por parte del jurado que lo declaró culpable de 10 cargos relacionados con narcotráfico.

En un documento de 45 páginas, Cogan también negó la moción de la defensa para una audiencia probatoria para examinar las acciones del jurado.

La decisión rechazó los argumentos de la defensa según los cuales Guzmán recibió un juicio injusto porque, según los informes, algunos jurados ignoraron las instrucciones del juez de mantenerse alejados de los medios, y de no leer regularmente la cobertura del proceso que se hacía en las redes sociales. Los abogados del Chapo alegaron que los jurados mintieron sobre las supuestas transgresiones.

El juez Cogan confirmó la condena de Guzmán en febrero de 2019 por los 10 cargos criminales en su contra, incluida la participación en una empresa criminal continua, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de un arma durante sus operaciones de narcotráfico.

Las pruebas de la fiscalía alegaban que Guzmán era uno de los líderes del cártel de Sinaloa, una organización delictiva que había contrabandeado toneladas de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos durante décadas.

Ocho días después del veredicto emitido por el jurado anónimo de ocho mujeres y cuatro hombres, Vice News informó que un miembro del panel dijo que al menos cinco jurados leían regularmente las redes sociales y otras coberturas periodísticas del juicio. La conducta violó las advertencias diarias de Cogan para evitar toda la cobertura mediática del caso.

El juez señala en su escrito que la notoriedad del acusado «como líder del Cartel de Sinaloa fue omnipresente antes y durante el juicio. Este aspecto requirió una planificación y ejecución cuidadosas en cada etapa, desde el primer momento hasta el veredicto, para garantizar que el acusado recibiera un juicio justo, lo más eficientemente posible. Es necesario tener una visión general de los procedimientos de juicio para poner en contexto la nueva moción de juicio del demandado».

Cogan recordó que tanto la fiscalía como la defensa revisaron los 923 cuestionarios de 36 páginas que él realizó a los jurados por tres días y medio hasta el final, durante los cuales personalmente examinó los cuestionarios de los posibles miembros, hizo las preguntas generales de los posibles candidatos y las preguntas específicas que surgieron de sus respuestas al cuestionario, permitiendo a las partes hacer otras de seguimiento cuando fuera necesario.

Destaca el juez que cada posible jurado fue evaluado individualmente en un tribunal parcialmente cerrado para crear un ambiente en el cual el candidato se sintiera cómodo hablando de manera abierta y honesta. Tanto los cuestionarios como las preguntas en persona, que las partes y el juez preguntaron a los posibles jurados durante el transcurso de la investigación, se basaron sobre su conocimiento del acusado y sus supuestos delitos y sobre su capacidad para dejar de lado ese conocimiento y mantener la mente abierta.

Cogan reiteró que su orden fue que los jurados permanecieran anónimos y que los mismos estuvieron parcialmente secuestrados durante su tiempo de servicio.

Dice el documento que a lo largo de los tres meses de juicio, el jurado escuchó el testimonio de más de 50 testigos, incluidos 14 testigos colaboradores y docenas de testigos encargados de hacer cumplir la ley. Los testigos declararon sobre las extensas actividades de tráfico de drogas del acusado, incluyendo cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína, e incluso su uso de aviones, trenes, helicópteros, botes, semisumergibles, automóviles y túneles de pie, para cumplir su labor internacional.

Los testigos -sostienen Cogan en el fallo- también declararon sobre los numerosos actos de violencia del acusado, incluido el que señala que el acusado mató o torturó personalmente a sus víctimas y ordenó a sus sicarios asesinar o torturar a otros, en apoyo de su vasto imperio de las drogas, así como sobre los hechos violentos de guerras en las que el acusado y sus pistoleros participaron contra los enemigos del Cartel de Sinaloa.

El jurado también leyó los mensajes de texto del acusado y escuchó grabaciones sobre sus actividades de narcotráfico (incluidas las grabaciones del acusado mismo) y vio en los tribunales ejemplos de los tipos de armas y maquinaria utilizados por el acusado y con los que equipó a sus sicarios para proteger sus intereses.

El jurado vio en la corte drogas que fueron incautadas de algunas de las operaciones de narcóticos vinculadas a Guzmán.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017 respondiendo a varias acusaciones penales pendientes pendientes en su contra en los tribunales norteamericanos. El juicio, que tuvo una duración de tres meses, se realizó en la Corte del Distrito Este de Nueva York en noviembre de 2018.

La condena por una empresa criminal significa que el acusado de 62 años, quien ganó notoriedad internacional por dos fugas de prisión en México, enfrenta una cadena perpetua automática en los Estados Unidos. La audiencia de la sentencia está programada para finales del mes de julio de 2019.

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