El derecho al voto tiene precio. Al menos así lo es para el gobernador de Florida, Rob DeSantis, quien firmó una ley que obligaría a expresidiaros a pagar multas al Estado para poder recuperar dicho derecho.
La situación, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, un grupo civil en contra de los delitos de orden racial, presentó una demanda contra el gobernador por su decisión.
Esta acción, según la fuente, es «un impuesto electoral inconstitucional y discrimina a las personas por su riqueza», detalló el Southern Poverty Law Center (SPLC), grupo que presentó la demanda.
En noviembre de 2018 se aprobó una enmienda constitucional que permite a más de un millón de exreos restaurar sus derechos para sufragar.
No obstante, agregó EFE, DeSantis firmó una legislación el 28 de junio, donde pide a los expresidiarios a pagar sus deudas con el sistema antes de contar con el derecho al voto.
«El estado de Florida tiene una larga historia de negar a las personas pobres, a las minorías raciales y a las mujeres el derecho a votar», agregó el SPLC.
