La administración del presidente Donald Trump anunció hoy el final del programa de Estatus de Protección Temporal para Honduras, y ofreció un lapso de tiempo de 18 meses a los hondureños amparados, aproximadamente 55.000 personas.
El Department of Homeland Security (DHS) explicó que el plazo les permitirá «buscar alternativas para obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos, si son elegibles, o para preparar su partida».
A nivel legal, los salvadoreños amparados con el TPS pasarían a ser indocumentados si deciden quedarse en el país después del vencimiento su permiso y, por ende, deportables.
El TPS es una medida humanitaria que se ha otorgado históricamente a países pobres tras desastres naturales o condiciones muy peligrosas. Este estatus los protegía de la deportación temporalmente si habían llegado ilegalmente a los Estados Unidos, y generalmente duraba 18 meses, tiempo después del cual se había podido renovar sin problemas. Hasta ahora.
En 2016, Estados Unidos terminó los TPS para Guinea, Liberia y Sierra Leona. En septiembre de 2017 lo canceló para Sudán, en noviembre anunció la terminación del TPS para Nicaragua y Haití y en enero para El Salvador. Lo había extendido por seis meses más, hasta julio de 2018, para Honduras, pero bajo la posibilidad -ahora real- de que se cancelara.
Los países amparados bajo el TPS tienen muchas similitudes: todos son muy pobres y sus ciudadanos han recibido la protección justo después de haber sufrido los embates de guerras o desastres naturales que los han dejado vulnerables. En el caso de Nicaragua y Honduras fue en 1999, tras el huracán Mitch; para El Salvador fue en el 2001 después de los dos terremotos, y para Haití en 2010, siguiendo el huracán Matthew que devastó la isla.
Patricia Montes, hondureña y directora de la organización Centro Presente en East Boston, opina que la capacidad de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití de recibir a sus nacionales es muy baja. “Estamos hablando de países en crisis que no han resuelto su situación de pobreza en años y que en vez de mejorar, en muchos casos empeora”, dijo. “Estos países no tiene cómo acoger a tanta gente, y ni siquiera tienen cómo respetar los derechos humanos básicos de sus poblaciones”.
Montes asegura que los beneficiarios de TPS deben ser protagonistas de una lucha para presionar al congreso por una residencia permanente.
