WASHINGTON – La administración de Trump presionará a los jueces de inmigración de los EE.UU. para que procesen los casos más rápidamente mediante el establecimiento de un sistema de cuotas vinculado a sus revisiones anuales de desempeño, según las nuevas directrices del Departamento de Justicia.
Se espera que los jueces procesen al menos 700 casos al año para recibir una calificación de desempeño «satisfactorio», un estándar que su sindicato calificó como un paso «sin precedentes» con el cual se corre el riesgo de socavar la independencia judicial y abre la posibilidad de que los tribunales enfrenten demandas.
El Fiscal General Jeff Sessions ha prometido endurecer la aplicación de las leyes migratorias en parte moviéndose más agresivamente para despejar un retraso de más de 600.000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), el sistema judicial federal que adjudica los casos de inmigración.
Algunos inmigrantes que se enfrentan a la deportación esperan años para una cita en la corte, pero por lo general están autorizados para trabajar en Estados Unidos para mantenerse durante ese tiempo, un acuerdo que los críticos consideran un incentivo para la inmigración ilegal.
Según una copia de las directrices, primero reportada por el Wall Street Journal, el objetivo del nuevo sistema de cuotas será garantizar que «los casos se completen de manera oportuna, eficiente y efectiva». El sistema establece puntos de referencia adicionales, penalizando a aquellos que remiten más del 15 por ciento de ciertos casos a tribunales superiores, o jueces que programan fechas de audiencia demasiado separadas en sus calendarios.
Los jueces de inmigración completan 678 casos en un año promedio, dijo el vocero del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, pero dijo que algunos jueces superan ampliamente los 1.000.
«Lo más importante es que esto equivale a completar tres casos al día, por lo que no es tan grande», dijo O’Malley en una entrevista.
Los casos de inmigración pueden variar ampliamente en complejidad y el tiempo requerido para adjudicarlos. O’Malley dijo que los jueces que no cumplan con sus cuotas pueden apelar a los supervisores si sus números no alcanzan las metas de conveniencia del Departamento de Justicia.
La EOIR es parte del poder ejecutivo, no del poder judicial, por lo que funciona en parte como un órgano de aplicación de la ley de los EE.UU., aunque se supone que sus jueces tienen plena independencia.
El juez Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que el sistema de cuotas podría presentar un problema «apelable» e invitar a demandas legales.
«Podría cuestionar la integridad e imparcialidad de la corte si la decisión de un juez está influenciada por factores que están fuera de los hechos del caso, o si las mociones son denegadas por la preocupación de un juez de mantener su trabajo», dijo Tabaddor.
«No conocemos ningún otro tribunal cuyos jueces estén sujetos a cuotas y plazos individuales como parte de las revisiones y evaluaciones de desempeño», dijo.
La administración de Trump está buscando contratar docenas de nuevos jueces por año para hacer frente al retraso en los tribunales de inmigración, un enfoque que Carl Tobias, un profesor de derecho de la Universidad de Richmond, dijo que sería un curso más sensato.
«El sistema de cuotas propuesto plantearía dudas sobre la independencia judicial y la posibilidad de que los jueces basen sus decisiones en factores distintos a los establecidos en la ley y los hechos en casos específicos que se les presenten, como el propio interés de los jueces de avanzar profesionalmente», dijo Tobias.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
