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El pasado 1 de agosto se derrumbó una pared de un edificio en la calle Maverick de East Boston. Tres unidades (173, 155 y 177 Maverick St.), que estaban en condiciones deplorables, fueron desalojadas de inmediato por razones de seguridad, y 22 adultos y 9 niños (todos ellos latinos) tuvieron que abandonar sus hogares, sin siquiera poder sacar sus pertenencias.

A estas personas no se les ha permitido el reingreso hasta que las condiciones de seguridad cumplieran con los estándares requeridos por la alcaldía de Boston (cosa que aún no ha sucedido) y se mudaron temporalmente a un hotel en Revere pagado por la empresa dueña del edificio, sin facilidades para cocinar, y en una condición sumamente inestable, en especial para los niños.

Pero esta semana, un juez de la corte dictaminó que el propietario ya no tenía la obligación de continuar pagando por el alojamiento provisional, así que estas personas se quedaron en la calle, sin ningún lugar a donde ir.

“Estas personas se quedaron en la calle. El juez dio un tratamiento a este caso como si se tratara de un edificio incendiado o afectado por un accidente natural. Y este no fue el caso, se trata de un edificio que estaba en esas condiciones por negligencia del propietario. Por eso es tan injusto el dictamen”, dice Claudia Sierra, activista y voluntaria para la oficina del representante estatal Adrian Madaro.

El pastor luterano de East Boston ofreció un refugio temporal en el sótano de la iglesia, sin embargo es una situación extremadamente incómoda, sin duchas ni privacidad alguna.

Eduardo Castillo, organizador central de Vida Urbana, una organización anti-desplazo que se ha involucrado en el caso, explica que aún los inquilinos preservan el derecho de regresar al edificio cuando este sea arreglado, y pagar la misma renta que pagaban anteriormente, sin embargo no se sabe cuándo va a pasar eso, y mientras tanto estas personas se han quedado en la calle.

Los inquilinos son representados ante la corte por abogados voluntarios de Greater Boston Legal Services.

“Hemos logrado encontrar vivienda estable para algunas de las familias. Pero desafortunadamente es mucho más difícil encontrar esta solución para familias con niños, porque muchos de los propietarios no quieren alquilar a familias con niños pequeños. Y es discriminatorio, pero es una práctica difícil de combatir”, explica Castillo. «Tienes que reportar al comité de la ciudad, la ciudad hace una investigación. No es una solución práctica ni rápida para gente que se ha quedado en la calle».

Por su parte, Claudia Sierra concluye que esta es una nueva modalidad de desplazamiento forzado: «Esto se está convirtiendo en una nueva moda para desplazar a inquilinos en East Boston. Los propietarios que son inversionistas saben que sus casas valen y que con daños o sin daños, ellos van a obtener buen dinero, entonces están dejando desbaratar las casas y llega el departamento de inspección de Boston y les ordena a los inquilinos que se vayan”, opina. «Y para rematar, el juez le dice que no tienen que pagar por su alojamiento temporal».

Para Castillo, “La futura visión de East Boston no incluye familias, y mucho menos a latinos, sino a profesionales jóvenes y estudiantes universitarios. El East Boston de siempre ha empezado a desaparecer”.

Esta no es la primera vez que pasa, ni con este dueño. De acuerdo con Sierra, el propietario de los inmuebles es el mismo del edificio que se derrumbó hace un par de años en la Chelsea Street, lo que generó daños similares a los inquilinos.

“No es un dueño que tiene 2 ó 3 casas. Estamos hablando de una corporación que acaba de comprar una iglesia por 3 millones de dólares y la quiere conevrtir en condominios de lujo. No es alguien que no tiene dinero para resguardar a estas familias», dice Castillo.

Claudia Correa, quien es el enlace comunitario del alcalde Walsh con East Boston, ha dicho que la alcaldía está buscando alojamiento de emergencia para estas personas, y se ha comprometido a buscar una solución más permanente, aunque reconoce que es algo que quizás tome tiempo. «La idea es buscar una solución permanente, no tener a estas personas saltando de un lado a otro cada seis meses», dijo en una reunión en la iglesia luterana de East Boston, a la que asistieron portavoces del representante Madaro y del concejal Sal Lamattina.

“Los nuevos dueños hicieron esto a propósito», dice la señora Olga Pasco, quien vivió en el edificio afectado por más de 25 años. «Provocaron el derrumbe para sacarnos a todos. Son unos desalmados», dice con lágrimas en los ojos. «En ese edificio estaba todo. Mi vida completa».

Por su parte, a la señora Ana Sarabia le preocupa la estabilidad de sus tres nietos pequeños. «Los niños están muy afectados, esto de ir a un sitio a otro no es bueno para ellos, han perdido muchas clases en el colegio y eso les afecta en su crecimiento también».

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