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Gobierno salvadoreño anuncia nuevo decreto de Emergencia

Abogados advierten que si no pasa por la Asamblea será nulo
EL SALVADOR. Nayib Bukele, presidente de El Salvador / EFE

EL SALVADOR. Nayib Bukele, presidente de El Salvador / EFE

En una conferencia de prensa esta tarde, el equipo jurídico de la Presidencia de la República anunció la emisión del decreto 19, que contiene una nueva declaratoria de Emergencia Nacional.

El asesor jurídico del Ejecutivo, Javier Argueta, dice que el nuevo decreto de Emergencia se basa en artículo 24 de la ley de Protección Civil, el mismo en el que se fundamentaba el decreto 18, emitido por el Ejecutivo el pasado sábado y que ahora está bajo medida cautelar por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, si el Ejecutivo no pasa esta declaratoria por el Legislativo, es muy probable que el decreto 19 siga el mismo camino del anterior.

Abogados consultados por El Diario de Hoy advierten que el Ejecutivo no tiene la potestad de declarar este estado unilateralmente y que mientras la Asamblea siga sesionando con regularidad, es potestad de este cuerpo legislativo hacerlo.

“El Ejecutivo no lo puede hacer (decretar Emergencia)”, advierte Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana. El jurista explica que de hacerlo, “tendría el mismo vicio que está siendo analizado por la Sala”. Este tribunal se encuentra estudiando si el Ejecutivo se extralimitó y usurpó funciones que le competen al Legislativo.

Sáenz añadió que “la Sala de manera oficiosa en seguimiento a la medida cautelar que ya ha dictado debería extenderla a no permitir que desde el Ejecutivo se apruebe un decreto de similar naturaleza porque implicaría un fraude de ley y un fraude a la Constitución”.

A su juicio, al Ejecutivo no le queda otra opción que dialogar con la Asamblea y buscar por esta vía, la única prevista por la ley, una regulación para el confinamiento.

Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, se suma a explicar que es la Asamblea la que debe declarar el estado de Emergencia, como lo señala la Ley de Protección Civil.

“Entonces el Ejecutivo puede enviar una iniciativa a la Asamblea Legislativa, y esta debe hacer todas las valoraciones del caso y determinar si lo aprueba o no. Así sucedió con el Decreto Legislativo 593 (que contenía la Emergencia original), aprobado el 14 de marzo pasado, en donde el Ejecutivo envió una iniciativa de ley y la Asamblea lo aprobó”, explica Castro.

Asimismo, explica que en vista de que la situación sigue siendo preocupante, la Sala considera que debe aprobarse una normativa en el sentido de atender la pandemia y garantizar medidas de confinamiento, pero con el concurso del Legislativo para que tenga asidero legal.

El representante de Fusades además explica que si el Ejecutivo pretende decretarlo, como hizo con el decreto anterior el pasado sábado, “sería una acción inconstitucional”.

Manuel Escalante Saracais, doctor en derecho constitucional y subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), considera que “con base en la resolución de la Sala de lo Constitucional, con respecto al Decreto Ejecutivo 18, el Órgano Ejecutivo no puede reproducir su contenido íntegramente en un nuevo Decreto Ejecutivo 19 porque, de forma consciente e informada, estarían atentando contra la jurisprudencia de la Sala”.

A su juicio, el Presidente de la República puede declarar el Estado de Emergencia, pero con un alcance más limitado. “Lo puede hacer para establecer una coordinación especial para la atención inmediata de la emergencia, pero no puede suspender ni la aplicación de las leyes (LACAP) ni el ejercicio de los derechos (circulación, educación, reunión, recreación, etc.)”.

Eduardo Escobar, por su parte, considera que este es un “subterfugio legal”, pues el gobierno “deroga” el decreto en estudio actual del Judicial, pretendiendo que con ello se termine el control constitucional.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana considera que en casos normales, “una vez desaparece el objeto de control (en este caso el decreto 18), puede el tribunal dejar de gastar sus energías en conocer algo que no existe”.

Sin embargo, en este caso “parte de la discusión en el proceso de inconstitucionalidad que la Sala admitió al Fiscal General habla de que la emisión del decreto de estado de emergencia se hace invadiendo la competencia de la Asamblea bajo el argumento que no estaba reunida”. Por tanto, si el Ejecutivo procede a un nuevo decreto, “caeríamos en el mismo vicio”, adelanta Escobar.

Adelantan veto a la Ley de atención al COVID-19 y reapertura

El equipo jurídico de la Presidencia hizo eco a las declaraciones de Nayib Bukele, quien la noche del lunes adelantó que vetarán el decreto legislativo 645 que fue aprobado anoche con 63 votos.

Este decreto contiene las bases de una reapertura económica en cuatro fases, además de establecer un consejo ciudadano que supervise las estrategias del Ministerio de Salud para atender la emergencia y regular las cuarentenas obligatorias, que no deberán exceder las dos semanas.

El equipo jurídico de la Presidencia confirmó que han recibido el decreto legislativo, que lo están estudiando pero que se mantiene la intención de vetarlo.

Sin embargo, a juicio de juristas como Manuel Escalante Saracais, de la UCA, este es el camino indicado para poder atender la crisis actual. En vista de que sea necesario realizar algunas suspensiones que corresponden a un decreto de Emergencia, es necesario que toda medida cuente con el aval del legislativo.

“El Presidente debe informarle a la Asamblea sobre la situación y la declaración de Emergencia, para que esta decida qué hacer, si emite o no una declaratoria de emergencia nacional, en función del alcance que la emergencia requiera”, explicó el doctor en derecho constitucional.

Asimismo, el equipo jurídico de la Presidencia reiteró lo que el mandatario anunció el lunes, que la reapertura podría empezar el 6 de junio, tras dos semanas más de cuarentena estricta.

Esto, después de haberse reunido con un grupo de empresarios para alcanzar un acuerdo que aún no se conoce públicamente. Estos empresarios, por su parte, le han exigido en un comunicado al gobierno respetar la institucionalidad y dialogar para alcanzar soluciones a la crisis actual.

“Hacemos un llamado a la unidad de todo el pueblo salvadoreño y de los diferentes sectores productivos, invitándolos a que se reestablezca el dialogo y la comunicación con total respeto entre las instituciones de gobierno, las gremiales empresariales y los sectores políticos”, manifestaron. Esto después de haber sido duramente criticados por haber validado los intentos del presidente de dividir al sector privado.

Con información de El Salvador