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El coronavirus pone al sector de cuidado infantil en necesidad de un rescate

El cierre de centros de cuidado infantil debido al COVID-19 ha puesto en grandes aprietos el actual estado del sistema de cuidado infantil estadounidense.
El cuidado infantil en Massachusetts es uno de los más caros del país.

El cuidado infantil en Massachusetts es uno de los más caros del país. Foto: U.S. Air Force photo/Airman Valerie Monroy)

Padres a lo largo del Commonwealth se enfrentan a una situación económica dolorosa: sus hijos están en casa, pero el cheque de cuidado infantil todavía deben pagarlo. COVID-19 ha forzado (legítimamente) el cierre de centros de cuidado infantil en todo Massachusetts. Al hacerlo, se ha puesto en grandes aprietos el actual estado del sistema de cuidado infantil estadounidense.

El sector del cuidado infantil, ignorado durante mucho tiempo y privado de una inversión pública adecuada, es fundamental para la economía actual. Casi el 80% de los padres con niños pequeños están en la fuerza laboral. Tomando prestado un eslogan de Massachusetts muy querido, nuestra economía se basa en el cuidado infantil.

Este estado de emergencia trae consigo consecuencias dramáticas, para los padres en el sector médico que son llamados a ejercer su trabajo en primera fila contra la pandemia del coronavirus; para los padres de bajos salarios que sopesan la opción devastadora entre recibir su cheque de pago y exponer a su familia a un virus peligroso, para los padres de pequeñas empresas que trabajan hasta tarde para mantenerse a flote, y para cada padre trabajador que lucha por equilibrar el estado físico y económico de su familia.

Una cosa está clara: ya no podemos permitirnos abordar el cuidado infantil como un accesorio económico. Debemos abordarlo como el elemento clave del que dependerá cada faceta de nuestra recuperación.

Mucho antes del COVID-19, el sector de cuidado infantil estadounidense estaba en un estado frágil. La incapacidad colectiva de reconocer la importancia del cuidado infantil para la salud económica nacional y la estabilidad económica del hogar ha dejado al sector sin los fondos públicos que necesita; el resultado es un mercado de cuidado infantil en el que todos los interesados, tanto proveedores como familias, se encuentran en posiciones precarias y frágiles, operando entre márgenes que apenas los mantienen a flote.

En Greater Boston, las familias pagan un promedio de $35,000 en costos de cuidado infantil cada año. El acceso también es un desafío para algunas familias, que enfrentan listas de espera de un año, desiertos regionales de cuidado infantil y horarios de atención que se requieren complementar con cuidado adicional (y dinero adicional).

Los proveedores también sufren consecuencias. Incluso con tarifas de matrícula que exceden la matrícula estatal de las universidades públicas, los proveedores de cuidado infantil luchan por cubrir sus propios costos operativos, particularmente el costo de los educadores. Por buena razón, las proporciones de adultos a niños son altas para el cuidado de bebés y niños pequeños. Incluso cuando se les cobra a las familias más de $20,000 por cuidado infantil, los proveedores operan dentro de márgenes reducidos y solo pueden pagarle a sus educadores un poco más arriba del salario mínimo.

Ahora, COVID-19 está empujando este mercado ya débil al borde del colapso.

Se necesita con urgencia una entrada de fondos de emergencia en el sector de cuidado infantil del país. En estos momentos de empleos frágiles y de ingresos familiares en peligro, las familias no pueden pagar una atención de cuidado que no reciben. Sin embargo, los proveedores tampoco pueden darse el lujo de eliminar la cobranza de las tasas de matrícula si desean continuar pagando a su personal y mantener a flote sus negocios. Los centros de cuidado infantil en todo el país informan que, si no cobran las matrículas pendientes, se verán obligados a despedir a su personal o dejar de operar por completo. Y esta decadencia financiera no está a meses de distancia; Es posible que los centros no puedan sobrevivir más de dos o tres semanas.

Mientras el Congreso considera una ley de estímulo de casi $2 billones que rescata a corporaciones e industrias gigantes, nosotros debemos rescatar al sector de cuidado infantil. Debemos actuar de inmediato para proporcionar miles de millones en fondos federales para proveedores locales, para que ellos y sus trabajadores se salven de la devastación económica, y para que nuestras familias y nuestra economía puedan sobrevivir esta tormenta.

Las estrategias de seguridad actuales destinadas a apoyar a las pequeñas empresas son insuficientes: el Servicio de Impuestos Internos considera que los proveedores de cuidado infantil en el hogar, que desempeñan un papel central en los sistemas de cuidado infantil, son trabajadores independientes y autónomos, y por ende no califican para el seguro de desempleo. Para los proveedores de cuidado infantil familiar, la pérdida de ingresos puede significar la pérdida de la vivienda y, por lo tanto, la imposibilidad de reabrir. Los centros de cuidado infantil nos dijeron que, en caso de verse obligados a despedir o suspender a algunos de sus trabajadores, saben que eso significará perder a esos educadores por completo. Dados los bajos salarios ya pagados a estos educadores, el seguro de desempleo será un incentivo insuficiente para que quieran permanecer en ese campo de trabajo. La pérdida de personal hará que los centros que permanecen en el negocio retrasen la reapertura; una realidad que tendrá implicaciones en la capacidad de las familias de volver al trabajo y perjudicará el ritmo al que se recuperan las economías estatales y nacionales.

Los fondos federales de emergencia asegurarán que los proveedores puedan eliminar las tarifas para las familias, pero aún así permanecerán a flote. Estos recursos les permitirán continuar con sus empleadores y apoyar las operaciones comerciales durante el estado de emergencia y los períodos de cierre. Los fondos también se utilizarán para garantizar que los proveedores que participan en programas de cuidado infantil de emergencia diseñados para satisfacer las necesidades de cuidado infantil de proveedores de atención médica y trabajadores esenciales puedan pagar y acceder a los bienes necesarios para operar dicho programa. Finalmente, los educadores que cuidan a los niños inscritos en los programas de cuidado infantil de emergencia merecen un pago de riesgos acorde con el riesgo que corren con respecto a la salud y seguridad de ellos y sus familias.

El Congreso debe actuar de inmediato. Este es un llamado que hacemos como políticos, defensores, cuidadores y padres. Sabemos que la incertidumbre que se avecina para cada familia es desalentadora. Te vemos y lucharemos por tu familia tanto como luchamos por la nuestra. Juntos, nos ayudaremos.