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Especial | Persisten violaciones a derechos civiles en Nicaragua

La protesta aún se criminaliza y se mantienen los abusos en contra de presos políticos
DECESO. José Ugarte López, opositor asesinado en un presunto enfrentamiento con la policía, fue sepultado el 2 de diciembre entre llanto y consignas en contra de Ortega. | Foto: Efe/Alberto González.

DECESO. José Ugarte López, opositor asesinado en un presunto enfrentamiento con la policía, fue sepultado el 2 de diciembre entre llanto y consignas en contra de Ortega. | Foto: Efe/Alberto González.

En Nicaragua se vive una compleja situación en el ámbito social y político desde el abril de 2018, cuando estallaron las protestas en contra de reformas sociales impuestas por el mandatario Daniel Ortega, que luego se extendieron para exigir un cambio de gobierno. Más de 19 meses después, persiste la persecución a opositores, con nuevas formas de represión y una crisis de derechos fundamentales.

Fernando Sánchez, fundador y presidente de la ONG Liderazgo Juvenil Nicaragüense (LJN), afirmó que la situación en su país de origen se resume en la continuidad de las violaciones a los derechos, tanto en Nicaragua como en el exterior. “Vemos a un Ortega que se muestra tal como es: violento, sin escrúpulos. A una Policía Nacional y a un Ejército que están de la mano de ese régimen dictatorial”.

Sánchez denunció, en exclusiva para El Tiempo Latino, que Ortega ha cambiado la estrategia de persecución a opositores y los ciudadanos que no simpatizan con su gestión son afectados de formas distintas. Explica que un nuevo patrón es la encarcelación de manifestantes en piquetes exprés -manifestaciones breves y repentinas-, para luego procesarlos judicialmente como delincuentes comunes.

En el contexto de las protestas en Nicaragua, se han registrado 328 fallecidos de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organizaciones locales manejan una cifra de 651, pero el gobierno solo admite 200. Además, hasta finales de noviembre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reportó que había 161 presos políticos, de los cuales 13 habían sido liberados, pero fueron recapturados. También dan cuenta de siete personas desaparecidas a propósito de la crisis sociopolítica.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que hace oposición a Ortega, comenzó una campaña el 30 de noviembre llamada “¡Navidad sin ninguna presa, ni preso político!”, con el fin de exigir la libertad de todos los ciudadanos detenidos por motivos políticos.

“Nosotros, familiares de presas y presos políticos, denunciamos enérgicamente que al día de hoy más de 161 personas, 8 mujeres y 153 hombres, están encarcelados por la dictadura de la familia Ortega Murillo, sufriendo todo tipo de abusos, agresiones y padecimientos que lesionan su integridad y que hacen peligrar su vida”, dijo una de las madres de los afectados al leer un comunicado del grupo, durante una vigilia.

VIGILIA. Familiares y amigos de los presos políticos se congregaron el sábado 30 de noviembre en Managua para exigir su libertad. | Foto: Efe/Alberto González.

VIGILIA. Familiares y amigos de los presos políticos se congregaron el sábado 30 de noviembre en Managua para exigir su libertad. | Foto: Efe/Alberto González.

Sánchez destacó que la sociedad civil de Nicaragua quiere cambios, por lo que aun con las acciones de Ortega, se mantienen activos y protestan en cada espacio en el que lo pueden hacer; aunque ante medios internacionales pueda parecer que el país está en calma. El presidente de la LJN hace énfasis en que la comunidad internacional debe atender la situación porque, a su juicio, el país centroamericano no es el único problema en la región.

“El plan macabro del castro-chavismo se está tratando de extender por toda América Latina y va a perjudicar a aquellos países que quieran salir adelante con un modelo diferente al de las narco dictaduras”, alertó al hacer referencia directa a los regímenes como el cubano o el de Nicolás Maduro en Venezuela, aliados de Daniel Ortega.

Fue crítico al comentar que Estados Unidos permite que el “cáncer se reproduzca”, que cree podría afectar a otros sistemas democráticos, pese a las acciones de la Administración de Donald Trump con las sanciones. Considera que más allá de ayudar a los nicaragüenses se debe ayudar a la región.

“En Nicaragua no se puede ejercer el derecho a la protesta. Hay presos políticos que están siendo torturados, no hay medios de comunicación independientes que puedan ejercer libremente o de forma tranquila; no hay garantías de retorno para los exiliados. No se debe reconocer como un gobierno, sino como una organización terrorista al Frente Sandinista de Liberación Nacional”.

Sánchez, a propósito del retorno de figuras públicas a Nicaragua, comentó que lo hacen bajo su propio riesgo. Explica que el reconocimiento de esos actores de la sociedad puede ser una forma de protección, pero quienes no son conocidos pueden regresar y ser asesinados o desaparecidos.

Represión en las cárceles

Jonathan López González, miembro del Movimiento Estudiantil por la Democracia y de la UNAB, consideró que en Nicaragua hay una “satanización” de las protestas; pues quienes ejercen ese derecho corren el riesgo de ser criminalizados. Ortega se encargó de restringir las manifestaciones en 2018. Aplicó una estrategia que incluía la detención inmediata de ciudadanos que intentaban agruparse en las calles para protestar.

PROTESTAS. Pese a la criminalización de las manifestaciones, los ciudadanos no han dejado de manifestar por completo. | Foto: Efe/Jorge Torres.

PROTESTAS. Pese a la criminalización de las manifestaciones, los ciudadanos no han dejado de manifestar por completo. | Foto: Efe/Jorge Torres.

López, es además ex preso político. El 23 de septiembre de 2018 fue aprehendido dentro de un supermercado por sujetos que entraron armados y lo trasladaron a la estación policial de Chipote. En un contacto con El Tiempo Latino, narró que duró casi 50 días sin ser presentado ante un juez, lo cual es una violación a sus derechos.

El joven fue acusado por la Fiscalía de presuntamente incurrir en secuestro simple, amenaza y entorpecimiento a la vida pública; no obstante, al ser condenado el juez le sumó el cargo de manejo y portación ilegal de armas, por lo que fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión.

“En mi caso específicamente, me sacaban (de la celda) y me hacían preguntas y cuando no contestaba o no daba la respuesta que ellos querían escuchar era golpeado; amenazado con mi mamá, con mi hermana, con mis amistades. A veces me sacaban de noche para interrogarme y me dejaban en solo. A todos los hombres nos dejaban en bóxer. No nos permitían tener ropa. Hay personas que fueron golpeadas de forma más grave”, denunció el dirigente estudiantil.

Ahora está fuera de la cárcel. Su liberación se concretó el 20 de mayo de 2019 con una medida cautelar llamada “convivencia familiar”, menos estricta que la de “casa por cárcel”. Después se la aplicó la polémica Ley de Amnistía, promulgada por Ortega, la cual exige la no repetición por parte de los beneficiarios de las faltas por las cuales fueron procesados, de lo contrario serán nuevamente detenidos. Entre esas acciones está la de la protesta, remarcó López.

Tras el periodo en la cárcel requirió una cirugía menor en la espalda, porque los golpes recibidos le causaron una lesión. Sin embargo, conoce casos de presos políticos que presentaron problemas de visión o auditivos.

“La mayoría de los excarcelados seguimos en resistencia y en protesta en contra de la violación a los derechos humanos. Nuestra esperanza primeramente está en Dios y le apostamos mucho a la protesta cívica y pacífica”, expresó. Añadió que consideran necesario organizar a la sociedad para tomar acciones de protestas en conjunto que tengan un efecto más fuerte en contra del régimen de Ortega; además de contar con la presión internacional y las sanciones.

Presos por llevar agua

16 ciudadanos fueron enviados a juicio el domingo 1° de diciembre por llevar agua a un grupo de madres que realizó una huelga de hambre a mediados de noviembre, en una iglesia en Masaya, para exigir la liberación de sus hijos: presos políticos. Entre los aprehendidos está Amaya Coppens, líder estudiantil de nacionalidad belga y nicaragüense que ya había estado recluida y fue liberada mediante la Ley de Amnistía.

REPRESIÓN. Funcionarios de orden público tomaron los alrededores de la iglesia San Miguel, en Masaya, el viernes 15 de noviembre, donde un grupo de madres de presos políticos realizó una huelga de hambre. | Foto: Efe/Jorge Torres.

REPRESIÓN. Funcionarios de orden público tomaron los alrededores de la iglesia San Miguel, en Masaya, el viernes 15 de noviembre, donde un grupo de madres de presos políticos realizó una huelga de hambre. | Foto: Efe/Jorge Torres.

Los jóvenes recibieron medida de prisión preventiva y el inicio del juicio fue programado para el 30 de enero próximo, reseñó la agencia Efe. Cruz Adalberto Zeledón, juez suplente del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, admitió la acusación de la Fiscalía por supuesta posesión ilegal de armas de fuego y municiones.

REPRESIÓN. Los funcionarios policiales rodearon la iglesia de San Miguel, la aislaron con un cerco de unos 300 metros y quitaron el servicio de luz y agua por orden del gobierno. Foto: Efe/Jorge Torres

REPRESIÓN. Los funcionarios policiales rodearon la iglesia de San Miguel, la aislaron con un cerco de unos 300 metros y quitaron el servicio de luz y agua por orden del gobierno. Foto: Efe/Jorge Torres

La policía señaló a los nicaragüenses de presuntamente portar 12 bombas molotov, una escopeta con 16 municiones, tres revólveres con 18 unidades con serie borrada y tres autos sedan. Líderes opositores denuncian que se trata de una siembra de armas para criminalizar la acción de llevar agua a la iglesia, donde las madres en huelga de hambre se quedaban sin provisiones.

Intentos de diálogo

En Nicaragua hubo dos intentos de negociaciones entre el gobierno de Ortega y líderes opositores, para buscar solución a la crisis sociopolítica. Sin embargo, Fernando Sánchez, afirmó que la primera mesa de diálogo fue un espacio para “oxigenar al régimen”.

A juicio de Sánchez, la sociedad civil planteó un camino legal para una alternativa pacífica, pero Ortega nunca quiso dialogar. “Solo usaba una estrategia aprendida de Venezuela, de Cuba, para tomar oxígeno, tratar de reorganizar sus bases y crear mecanismos de represión para erradicar las protestas por la vía violenta”.

A un segundo acercamiento entre los sectores en conflicto, gracias a la presión internacional, el gobierno asistió solo para intentar evitar sanciones internacionales, dijo el líder del LJN. “Tampoco hubo éxito porque Ortega lo menos que quiere es dejar el poder. La Alianza Cívica pidiendo más diálogo y al gobierno cometiendo abusos”.

GOBIERNO. Daniel Ortega se defiende al decir que en 2018 hubo un intento de “golpe de Estado” en su contra.  | Foto: Efe/Jorge Torres

GOBIERNO. Daniel Ortega se defiende al decir que en 2018 hubo un intento de “golpe de Estado” en su contra. | Foto: Efe/Jorge Torres

En el contexto actual de la situación, argumenta que la presión interna no es viable y casi imposible, por lo que considera que se debe recurrir a la comunidad internacional y medios de comunicación extranjeros en busca de soluciones. Recordó un suceso reciente ocurrido en Masaya, en el que tres civiles murieron en un presunto tiroteo, de acuerdo con la versión oficial.

Uno de los fallecidos fue Ugarte López, reconocido como líder opositor, quien recibió santa sepultura el lunes 2 de diciembre, en medio de llantos y consignas en contra de Ortega. En un primer tiroteo la policía afirma que fueron asesinados dos agentes. Sánchez rechazó que el ciudadano haya sido tratado como un delincuente por parte del régimen.

“Vemos asesinatos selectivos a campesinos día a día; y vemos que la aparente normalidad que el régimen ha querido venderle a la comunidad internacional es falsa”, alertó.

El lunes 25 de noviembre, la Administración Trump extendió por un año más la Orden Ejecutiva 13851, con la cual declara a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Con la medida el país centroamericano permanece en la lista de naciones que representan un peligro.

Ortega, con 12 años en el poder, tiene dos años más de gestión antes de las próximas elecciones presidenciales. Aunque la oposición intentó forzar un cambio de gobierno, a través de un adelanto de los comicios, no pudo concretarlo. Mientras tanto, persisten los abusos policiales y las denuncias de arbitrariedades, sumado a la falta de garantías para ejercer derechos fundamentales.