Los inspectores del Ministerio del Trabajo en Anaco advirtieron acerca de las irregularidades cometidas por quien fuera gerente del Distrito Anaco de PDVSA Gas, Wenceslao Madail, en el proceso de contratación de los trabajadores por cuadrillas que se desempeñaron en las fases en que se desarrolló el proyecto de desmantelamiento de la planta Santa Rosa como paso previo a la construcción del Centro Operativo homónimo que formaba parte del Proyecto Gas Anaco.
Tal advertencia se observa en el contenido de un informe elaborado por la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela División Oriente, relativo al análisis del caso en el cual un grupo de extrabajadores que se desempeñaron en la modalidad de cuadrillas en la fase I de la Etapa I del citado proyecto, estaban reclamando una serie de reivindicaciones laborales y el reenganche dentro de la estatal, aun cuando su relación contractual era con las empresas contratistas y no con PDVSA y a que se trataba de un contrato para una obra determinada.
El desmantelamiento de la Planta Santa Rosa en el Distrito Gas Anaco tuvo sus implicaciones jurídicas derivadas de la posición, denuncias y protestas desarrolladas por los trabajadores de las cuadrillas que fueron contratados para llevar a cabo los trabajos, tal como lo explicamos en nuestra entrega anterior.
El informe emanado de la Consultoría Jurídica de la División Oriente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) explica los motivos que llevaron a la estatal petrolera a recurrir a la modalidad de contratación por cuadrillas en la Fase I, Etapa I y II del proyecto previo al desmantelamiento en general de la planta.
El reporte refiere que con el objetivo de llevar a cabo las dos primeras fases del desmantelamiento de la planta, PDVSA procedió a contrata varias empresas que emplearon a unas 480 personas, las cuales se comprometieron a laborar por un período de tres meses para dar oportunidad a otros desempleados de desempeñarse en las tareas que comprendían las restantes fases del proyecto. La pretensión de la petrolera —explican los abogados—era tratar de ser equitativos en la distribución de los empleos.
Sin embargo, sucedió que culminado el lapso acordado, los trabajadores se negaron a cumplir el acuerdo e impidieron el paso de las maquinarias necesarias para la continuidad de la obra. Entre las medidas adoptadas para solventar la situación se pagó de un bono transaccional, lo cual permitió que algunos de ellos aceptaran y se retiraran, mientras que otro grupo quedó laborando.
Una serie de dificultades técnicas obligaron a prorrogar la ejecución de la obra en varias oportunidades, por lo que se procedió a contratar a nuevos trabajadores en razón de los compromisos adquiridos por la petrolera con los desempleados de la zona quienes —apuntan los abogados—“defendieron a la industria durante el paro”.
PDVSA resolvió culminar la obra para el 28 de septiembre de 2004.
El informe refiere que se realizaron varias reuniones conjuntas con el Ministerio del Trabajo, con los contratistas y con los trabajadores, habiéndose ofrecido a estos últimos el pago de un bono transaccional con el objetivo de que desistieran del reclamo de una presunta continuidad laboral. Los trabajadores acordaron recibir el citado bono conjuntamente con sus prestaciones, con lo que aceptaron la extinción de la relación de trabajo.
Luego de esto, los trabajadores, aupados por el Coordinador de la Inspectoría del Trabajo de la zona, José Gregorio Villarroel, exigieron ser atendidos por el Gerente de Distrito ante quien, en reunión colectiva, afirmaron haber sido engañados y exigieron el reenganche a sus puestos de trabajo, así como el pago proporcional del bono.
En razón de que el Gerente de Distrito se negó a cumplir tal exigencia, los trabajadores se trasladaron al Palacio de Miraflores para elevar ante esa instancia del Poder Público Nacional sus exigencias.
El emisario de los trabajadores, Ramón Moreno, medió entre PDVSA y los trabajadores exigiendo el cumplimiento de los derechos a que efectivamente tuvieran en el caso.
El informe indica que ese despacho procedió a realizar un análisis jurídico de la situación que concluyó que al no haberse iniciado un procedimiento de reenganche de acuerdo con lo establecido en la ley, habría sido ilegal ordenar el mismo por haberse generado de un acto administrativo viciado de nulidad absoluta.
La advertencia
Las exigencias de los trabajadores encontraron eco y respaldo en las autoridades del Ministerio del Trabajo, quienes en conjunto formularon una serie de planteamientos y reclamos que el informe de la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente recogió en el informe que aquí presentamos.
Tanto el Ministerio del Trabajo como los trabajadores puntualizaron que la obra no había culminado y que PDVSA recurría a formas fraudulentas de contratación a través de contratistas.
El Gerente del Distrito Anaco, Wenceslao Madail, cometió —a juicio del despacho del Trabajo— una serie de irregularidades en su gestión y, especialmente, en lo atinente a este caso.
Refiere el informe de la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente que con la exposición buscaban describir los motivos por los cuales la petrolera recurrió a la modalidad de contratación con cuadrillas en la Fase I, Etapa I y II del Proyecto Previo al Desmantelamiento en General de la Planta Santa Rosa.
Se recordó que la obra se llevó planificó y comenzó a ejecutarse con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la Gerencia del Proyecto Gas Anaco que se había propuesto mejorar la producción de gas para la fecha para elevarla a 1.700 MMPCNGD y 35 MBD de crudo liviano en el Distrito Anaco, de modo de poder satisfacer la demanda del mercado interno y de Plantas de Extracción de LGN en un horizonte de 20 años. Subrayaron que para cumplir con este cometido era imprescindible ejecutar actividades previas de desmantelamiento general de desconexión, aislamiento de líneas de drenaje, despresurización de equipos y reubicación de líneas de servicio existentes en el complejo Santa Rosa para proceder a la construcción del Centro Operativo de dicho campo.
Enumeraron las actividades a acometer en las distintas áreas del Complejo Santa Rosa que era necesario ejecutar y que, a saber eran: Desincorporación de líneas en operación, desconexión, aislamiento de líneas de drenajes; despresurización de equipos y reubicación de líneas enterradas de servicios existentes; desconexión, drenado y despresurización de equipos fuera de servicio establecido en esta etapa; desconexión y despresurización de equipos mayores como tanques y recipientes de procesos; desmantelamiento de naves compresoras del área de cíclica estabilización, la cual comprende remoción de estructura metálica y desacople de motocompresores; y el desmantelamiento del pipe rack existente en las áreas comprendidas en Planta cíclica y estabilización.
El informe muestra algunas fotografías del estado del proceso de desmontaje de la Planta Cíclica que ejecutaron las cuadrillas. Se indica que las fundaciones de la misma eran de concreto y, por tanto, debían ser removidas con maquinarias.
Se explicaba en el informe que para iniciarla Fase II del proyecto —desmantelamiento de los equipos de producción y servicios— era necesario valerse de maquinaria pesada.
Se estableció una comparación de los rendimientos de algunas de las actividades de la obra, bien realizadas manualmente, bien llevadas a cabo por medio de maquinaria, para demostrar la efectividad de ejecutarlas de la segunda manera.
La posición jurídica
El informe de la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente concluye advirtiendo, en primer lugar, que la fase de la obra para la cual fueron contratados quienes reclamaban el reenganche, había terminado. Estas personas habían sido contratadas para ejecutar una serie de trabajos correspondientes a una de las fases de la obra, la cual llegó a su fin. Por tanto, aseguraron los abogados, el alegato de que PDVSA había incurrido en un despido masivo carecía de todo sustento legal y constituía —a su manera de ver— un absurdo.
Los abogados aseguraron que una contratista cometió un error en los contratos, pero ello no era imputable a PDVSA, por lo cual, el error no engendraba derecho. Se trataba de contratos para una obra determinada y, de acuerdo con la ley, no era la Inamovilidad Laboral.
Recalcaron que era completamente falso que PDVSA realizara pagos directos a los reclamantes.
Explicaron que se realizaron tres tipos de pago de bonos que atendían a las circunstancias particulares de cada caso o dependían del tiempo laborado. Así, a quienes ingresaron el 3 de diciembre y egresaron en junio, se les canceló Bs. 2.800.000; a quienes ingresaron el 15 de septiembre de 2003 y egresaron en junio, se les canceló Bs. 3.500.000.
El segundo tipo equivalente a Bs. 3.291.000 se le canceló a quienes ingresaron en septiembre 2003 y egresaron en septiembre de 2004.
El tercer tipo, igual al pago que hubieran percibido por trabajar durante tres meses. Esto se canceló a quienes ingresaron el 11 de agosto de 2004 y egresaron el 15 de septiembre de 2004.
Los abogados enfatizaron en que los patronos de los trabajadores eran las empresas contratistas y no PDVSA.
Refirieron que para la nueva fase del desmantelamiento el requerimiento de personal obrero estaba en el orden de 25 personas.
Advirtieron que era inviable sustituir la maquinaria por personal obrero como alternativa. Actuar de esa manera habría comprometido seriamente el Proyecto de Gas Anaco.
Para finalizar, los abogados de la Consultoría Jurídica de PDVSA Oriente alertaron que era sumamente peligroso el precedente que se buscaba crear en este caso al pretender generar una inamovilidad absoluta que es contraria a la ley y a la jurisprudencia reiterada y pacífica de los tribunales.
