El gobierno de Trump concretó la semana pasada una norma que le dará un nuevo significado a las personas que dependen de las ayudas del gobierno, conocidas como «carga pública», permitiendo a los funcionarios de inmigración decidir quién es admitido en los Estados Unidos o si se le permite ajustar su estatus al de residente permanente legal (LPR) basado en la probabilidad de convertirse en una «carga» para el Estado.
Definición e historia
«Carga pública» es un término utilizado en la ley de inmigración para referirse a una persona que probablemente dependerá del gobierno para obtener apoyo financiero y material. A cualquier persona que se considere probable que se convierta en una «carga pública» se le puede negar la admisión a los Estados Unidos o el estado de Residente Permanente Legal.
Este problema es más probable que surja al solicitar la admisión a través de una petición familiar (o menos comúnmente, a través de un empleador), y no se aplica a las personas que ajustan su condición de refugiados, asilados, menores inmigrantes especiales, beneficiarios de visas U y T, o Petición a través de la Ley de Violencia contra la Mujer.
Desde 1999, el gobierno ha definido una carga pública como alguien que probablemente se convierta en una persona «principalmente dependiente del gobierno para la subsistencia», y que reciba apoyo del Estado a través de programas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), la Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI) o programas similares de asistencia monetaria del estado, o dependencia de Medicaid para la atención institucional a largo plazo.
Nueva interpretación
La nueva política planteada ampliaría drásticamente la definición de «carga pública» para incluir en el significado a cualquier persona que reciba, o se considere probable que reciba, no solo TANF, SSI o programas similares de asistencia, sino también la Asistencia de Vivienda de la Sección 8, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ), cobertura de Medicaid que no sea de emergencia, vivienda subsidiada o atención institucional a largo plazo a expensas del gobierno. Solo los beneficios recibidos por el solicitante (no otros miembros del hogar) se tomarán en cuenta. Sin embargo, el contexto familiar puede considerarse como parte de la «totalidad de las circunstancias».
Si un tribunal no bloquea la norma, será vigente a partir del 15 de octubre de 2019 en adelante.
El único factor que jugaría a favor del solicitante en una revisión de «carga pública» sería un ingreso superior al 250% del nivel federal de pobreza (actualmente $64,375 para una familia de 4). Los solicitantes también serían evaluados en función de su edad, salud, estado familiar, nivel educativo y capacidad de hablar inglés.
Aunque la regla no prevé directamente la expulsión de personas que no pasen la prueba de «carga pública», una política adoptada en junio de 2018 por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) requiere la emisión de un Aviso de comparecencia en la corte de inmigración a cualquier persona considerada inadmisible o deportable. Por lo tanto, es casi seguro que cualquier persona a la que se le niegue la residencia como «carga pública» sea puesto en proceso de expulsión del país.
Se considera que una persona con una green card que ha estado fuera de los Estados Unidos durante al menos 6 meses está solicitando admisión cuando intenta volver a ingresar al país y se le puede negar la entrada por ser una carga pública.
Las determinaciones de carga pública no se aplican cuando un individuo solicita la ciudadanía o la renovación de una tarjeta verde.
Los solicitantes para aplicaciones no-inmigrantes también deben demostrar que no es probable que se conviertan en cargas públicas mientras estén en los Estados Unidos. La administración tiene la intención de aplicar los criterios anteriores no solo a quienes solicitan una visa de no inmigrante, sino también a aquellas personas que buscan extender o cambiar su clasificación de no inmigrante.
Las renovaciones de DACA y el estado de protección temporal (TPS) no se verían afectadas.
¿A quién afectará esto? ¿Quién está exento?
La nueva norma afectará a:
•Cualquier persona en los Estados Unidos que busque el estado de residente permanente legal (LPR) a través de una petición familiar: o Cónyuges de ciudadanos estadounidenses; o Hijos de ciudadanos estadounidenses; o Padres de ciudadanos estadounidenses; o hermanos de ciudadanos estadounidenses; o Cónyuges de personas con LPR; y o Hijos solteros de personas con LPR.
•Individuos que buscan el estado de LPR a través de una visa de empleo.
•Individuos que buscan una visa de no inmigrante o buscan extender o cambiar su estatus de no inmigrante.
•Los LPR regresan a los EE. UU. Después de un viaje de 6 meses o más.
Están exentos de la norma:
•Individuos que solicitan o vuelven a registrarse para obtener el Estatus de Protección Temporal;
•Inmigrantes juveniles especiales;
•LPR que solicitan la ciudadanía;
•Individuos que solicitan una tarjeta verde a través de: Estado de asilado o refugiado; o Auto-peticiones VAWA, incluyendo derivados; visas U o T; o peticiones asiático-americano; inmigrante especial afgano o iraquí; Peticiones de entrada de cubanos y haitianos; peticiones NACARA; Acto de Equidad de inmigración de refugiados haitianos.
Beneficios considerados para carga pública
•Cuando se brinde una combinación de beneficios por un total de 12 meses en los últimos 36 meses de: Programa Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP); o Asistencia de vivienda Sección 8; Seguridad de Ingresos suplementarios (SSI); Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF); Asistencia en efectivo federal, estatal o local para mantenimiento de ingresos; beneficios de Medicaid que no son de emergencia; vivienda subsidiada; Institucionalización para la atención a largo plazo a través del gobierno.
Beneficios que NO son considerados para carga pública
• Mujeres, bebés y niños (WIC);
• Medicaid para personas menores de 21 años y mujeres embarazadas (+ 60 días después del parto);
• Programa de seguro médico para niños (CHIP);
• Beneficios en la escuela (por ejemplo, almuerzo gratis);
• Asistencia energética;
• Beneficios para veteranos;
• Beneficios federales de seguro de vejez, sobrevivientes e incapacidad;
• Beneficios de pensión del gobierno;
• Seguro de salud para empleados gubernamentales o beneficios de transporte;
• Beneficios de transporte para empleados del gobierno;
• Seguro de desempleo;
• Compensación del trabajador;
• Seguro estatal por discapacidad.
