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Organismos aseguran que nacionalidad nicaragüense de expresidente Funes es falsa

Exhortan al Estado a que pida a la Interpol su intervención en este caso
JUSTICIA. Exmandatario Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde 2016

JUSTICIA. Exmandatario Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde 2016

La nacionalidad nicaragüense otorgada el mes pasado a Mauricio Funes, acusado de varios delitos de corrupción, es un fraude de ley y con ello solo busca eludir a la justicia, afirma el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

“Su nacionalidad nicaragüense es fraudulenta y su invocación de mala fe supone un abuso del derecho, con el fin de eludir una legislación que le perjudica y colocarse bajo la jurisdicción de un Estado cuyo régimen, por intereses y afinidades ideológicas, pretende impedir que sea enjuiciado”, dice el Consorcio en un comunicado publicado en Twitter.

Además, dicen en el escrito, “la nacionalidad salvadoreña es claramente la nacionalidad efectiva del expresidente Funes“.

A la luz de ese planteamiento, el Consorcio considera que el Estado salvadoreño está obligado a tomar todas las acciones legales correspondientes para que Nicaragua extradite a Funes, sobre quien pesan cinco órdenes de captura en su contra y de esa forma demuestre si es culpable o inocente.De igual forma, considera que la Interpol está llamada a intervenir porque Funes ya cambió su condición jurídica de “asilado”, algo que también consideran se le otorgó en contravención a los tratados internacionales sobre la materia.

Según el Consorcio, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) también establece claramente que la corrupción es un delito sujeto a extradición y que este no es calificable como un delito político, por lo tanto

el expresidente Mauricio Funes debe ser extraditado y Nicaragua debe entregarlo.

En el comunicado también refiere que el Convenio sobre Codificación del Derecho Internacional de La Haya, vigente desde 1030, expresa que “ningún Estado puede ejercer su protección diplomática en provecho de alguno de sus nacionales contra otro Estado de que el sujeto sea también nacional”.

Además cita la jurisprudencia emanada de la Corte Permanente de Arbitraje y de la Corte Internacional de Justicia que establecen que cuando una persona ha ejercido cargos públicos par los que se exige ser nacional de

su país, no puede invocarse una segunda nacionalidad para intentar evadir la justicia.

Para el Consorcio, “la transnacionalización de la corrupción y sus graves consecuencias, principalmente para el desarrollo de los derechos humanos, es necesario su regulación en distintos tratados y convenios

internacionales con la finalidad de prevenirla, detectarla, combatirla y sancionarla”.

Con información de El Salvador