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Niños separados de sus padres en Estados Unidos temen no verlos más

Ansiedad, soledad y tristeza son algunas de las emociones que experimentan los menores de edad
INMIGRACIÓN. Fotografía fechada el 20 de junio de 2018, cedida por el Departamento de Salud y Servicios Sociales, que muestra a varios niños inmigrantes mientras caminan dentro del Refugio Temporal de Homestead para niños inmigrantes no acompañados, en Florida

INMIGRACIÓN. Fotografía fechada el 20 de junio de 2018, cedida por el Departamento de Salud y Servicios Sociales, que muestra a varios niños inmigrantes mientras caminan dentro del Refugio Temporal de Homestead para niños inmigrantes no acompañados, en Florida

Cuando Rosita emprendió el viaje hacia Estados Unidos junto con su padre tenía cinco años de edad. Al llegar a la frontera, las autoridades de migración los capturaron y los separaron. No se sabe cuánto tiempo estuvo en el centro de resguardo, pero retornó a El Salvador días después de la repatriación de su padre.

Rosita formó parte de los más de 2.300 niños que fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, cuando llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, resultado de la implementación de la política migratoria Plan Tolerancia Cero que se empezó a ejecutar en abril de este año.

Esta política permite poner cargos criminales a los inmigrantes, procesarlos y que puedan ser encarcelados por tiempo indefinido, a la vez que son separados de sus hijos. Sin embargo, el 20 de junio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una declaración que pone fin la separación de los menores de edad de sus padres y dictamina que sean llevados junto con ellos a centros de detención.

Liduvina Magarín, canciller en funciones de El Salvador, dijo que de los menores de edad que han sido detenidos en la frontera, al menos 50 son salvadoreños. En julio, la Procuraduría General de la República (PGR) atendió tres casos de familias que fueron separadas en la frontera, entre ellos Rosita y otros dos menores de entre 10 y 17 años de edad, incluyendo uno con problemas mentales.

Hasta junio de este año, 585 menores de edad regresaron a El Salvador provenientes de México y Estados Unidos.

“La separación es la principal vulneración de derechos que sufren los niños porque el nivel de ansiedad con el que regresan es alta, es difícil el proceso de recepción en el país; ellos creen que hasta aquí van a ser separados de sus padres”, explica Karen Coto, coordinadora de la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia de San Salvador de la Procuraduría.

Cuando llegó a El Salvador, Rosita venía con trauma psicológico y emocional. La separación hace que los niños se sientan solos y abandonados, cuando en realidad no es un abandono voluntario de parte de los padres, explica Coto.

En el segundo caso, el niño contó que en el centro de detención donde estuvo recibió maltrato psicológico y físico. Además, aseguró que la comida que le daban estaba en mal estado, las colchonetas donde dormía estaban sucias y olían mal. Declaraciones que no sorprenden a las autoridades, pues por años los menores de edad han resaltado estas características de los centros de detención.

Coto cree que casos como estos irán en aumento, pues todavía falta que retornen los casi 50 niños, niñas y adolescentes que están en los centros de detención y siguen separados de sus padres.

Retornos

De los 585 menores de edad que regresaron al país, 104 fueron mandados en bus y 481 vía aérea, según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La población retornada de niñas, niños y adolescentes desde enero de 2012 hasta el 30 de abril de este año ha sido de 25.516.

“Las deportaciones se dispararon en 2014 y 2015, pero es de tener en cuenta que en la dinámica migratoria a veces tenemos números bajos y a veces números altos”, explicó Ana Solórzano, directora de la Dirección de Atención al migrante (DAMI).

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Al analizar los datos por departamento, el mayor número de retornados es de San Salvador, con 5.037; seguido de San Miguel, con 3.060; Usulután, con 2.980; La Unión, con 2.119, y Santa Ana, con 1.084.

Población reincidente

En 2014, Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, emitió la declaración de emergencia humanitaria debido a la cantidad de menores de edad que estaban migrando sin documentos hacia el país norteamericano, esto porque se hablaba de beneficios migratorios para los niños, niñas y adolescentes que viajaban solos.

En esta época fue que en el país se elaboró un protocolo interinstitucional para la atención de niñez y adolescencia migrante retornada. En este Sistema de protección participan diez instituciones, entre ellas la DGM, Ministerio de Salud, Conna, Isna, PGR, FGR, PNC, Isdemu y otras, que tienen funciones determinadas en el proceso de recepción de retornados.

Desde enero de 2012 hasta el 30 de abril de este año, 1.424 menores de edad reincidieron. Además, los departamentos con mayor número de reincidencia en este mismo periodo son San Salvador con 194 menores de edad, Usulután con 132, San Miguel con 122, La Libertad con 105, Santa Ana con 102 y La Unión con 99.

Al analizarlo por tasa se tiene que, de 2014 a 2017, el promedio más alto de reincidencia lo tuvo Cabañas con 31%, seguido de San Vicente con 28%, La Unión con 25%; Usulután con 24% y San Miguel con 17%. Además, estos mismos departamentos son los que tuvieron la mayor tasa de reincidencia en 2015, 2016 y 2017.

Para Ludin Caballero Chávez, directora de programa de Save the Children, es importante identificar las comunidades o familias que sean vulnerables a la migración irregular para implementar programas de prevención y que permitan a los menores de edad descubrir sus capacidades.

“Cuando ellos llegan al país lidian con la frustración, con el dolor por haber emprendido un proyecto que no se logró concretar. En ese sentido, es importante la participación de las instituciones para primero darles atención psicosocial y de capacitación para que puedan desarrollar su vida. De esta manera disuadimos las intenciones de migrar”, enfatiza.

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Uno de los programas que contribuye al arraigo de los menores de edad en las comunidades después de migrar es el Centro de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), implementado por el Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (Isna). El objetivo es contribuir a desarrollar las capacidades de los adolescentes para que puedan implementar proyectos que les generen oportunidades de trabajo, formación académica y así evitar la reincidencia.

“Se pretende generar arraigo de los menores de edad y sus familiar en sus comunidades, que vean que hay oportunidades aquí en el país y desistan de la idea de migrar. Claro, lo adecuado sería que también se trabaje en la prevención”, dijo María de la Paz Yanes de García.

Vulneración de derechos

“Cuando un niño ha sido amenazado por pandilleros en su comunidad de procedencia y su vida corre peligro, no lo podemos entregar a sus familiares, entonces activamos el acogimiento de emergencia mientras la familia busca un lugar seguro donde llevarlo y si es la familia quien vulnera los derechos se emite una medida de protección”, explica Mirla Carbajal, jefa del departamento de protección de derechos de niñez y adolescencia del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna).

Desde julio de 2014 hasta abril de este año, 3.771 menores de edad manifestaron que migraron por “reunificación familiar”, según el Sistema de Información de la Niñez y de la Adolescencia (Sinaes) en el Módulo de Registro de Información de niñez y adolescencia migrante.

También, 3.468 niñas, niños y adolescentes retornados confirmaron que habían migrado por “mejores condiciones de vida” y por ser víctimas de “amenazas, acoso de grupos delincuenciales y extorsión”.

El acogimiento de emergencia puede durar unas horas o un máximo de 15 días, esto dependerá de cada caso. Por ejemplo, cuando el niño o adolescente es retornado y los familiares no pueden llegar a traerlos a las instalaciones de la Dirección de atención al Migrante (Dami), porque viven demasiado lejos o no tienen para los pasajes, el acogimiento se decreta para una noche o un día; pero si es la familia la que vulnera los derechos de los menores de edad o su vida corre peligro, el menor de edad es llevado a una Junta de Protección por 15 días, mientras se encuentra un familiar que garantice la protección.

Si pasados los 15 días, no se resuelve la situación del infante o adolescente, el caso pasa a un juzgado de familia y este emite una medida de protección o la institucionalización.

“La institucionalización se da cuando no hay ningún familiar, lo que se busca es no institucionalizarlo porque sabemos que esa no es la mejor opción ni la más favorable, pero hay casos que sí se puede dar. No es que se institucionalice por dictar un acogimiento de emergencia. El motivo del acogimiento es cuando el niño regresa y no hay quien lo reciba”, aclara Carbajal.

El proceso de recepción empieza cuando los menores de edad son llevados a las instalaciones de la Dirección de Atención al Migrante, más conocido como La Chacra. La posible vulneración de derechos se detecta en la entrevista que hacen en conjunto las autoridades de Conna, Isna, PGR.

“Tuvimos el caso de una niña que venía retornada, ella no quería irse con su madre porque su padrastro la violaba y la madre no sabía nada, entonces nosotros no la podíamos entregar a la madre porque a la niña se le estaban vulnerando sus derechos en su misma casa y por eso había migrado. En estos casos nuestro trabajo es salvaguardar a la niña”, afirma Carbajal.

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La mayoría de niñas, niños y adolescentes que retornan al país son entregados a sus padres o encargados el mismo día, pues el proceso de recepción dura cerca de tres horas. Sin embargo, para muchos de ellos este proceso puede ser frustrante dadas las experiencias que han tenido en la ruta migratoria. Algunos, como en el caso de Rosita, regresan al país con traumas psicológicos, emocionales, enfermedades y lo menos que desean es emprender otro viaje hacia Estados Unidos.

Imagen de elsalvador.com