La decisión del presidente Donald Trump de suspender la protección contra la deportación para los jóvenes inmigrantes indocumentados ha desatado una prisa frenética para renovar 154.000 permisos antes del plazo del 5 de octubre, un proceso que los grupos defensores de inmigrantes dicen que costará millones de dólares en honorarios y pone al límite sus recursos.
En una ciudad como Houston, arruinada por el paso del huracán Harvey, los abogados están despejando sus calendarios para ayudar a los inmigrantes a llenar los formularios. En Maryland y Virginia, los abogados están llevando a cabo reuniones de emergencia y reclutando voluntarios. A nivel nacional, los inmigrantes y organizaciones sin fines de lucro están recaudando dinero en línea para ayudar a cubrir los 495 dólares del costo de renovación del permiso.
«Definitivamente es un desastre tras otro: uno de causas naturales y uno hecho por el hombre», dijo María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, con sede en Miami, que se preparaba para el huracán Irma el viernes. “Es desgarrador”.
El gobierno de Trump anunció el martes pasado que eliminaría el programa de Acción Diferida por Llegadas durante la Infancia, o DACA por sus siglas en inglés, una acción ejecutiva de la era Obama que protegió a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Casi 700.000 personas tienen esa protección ahora, dijeron funcionarios gubernamentales la semana pasada. Los críticos dicen que el entonces presidente Barack Obama no tenía la autoridad para crear el programa cuando lo estableció en 2012, y dicen que los beneficiarios de DACA obtienen empleo y otros beneficios que deberían ir a los residentes legales.
Aquellos cuyo estatus de protección vence entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, tienen un mes para solicitar la renovación de sus permisos de trabajo. Una aplicación exitosa sería sólo un aplazamiento, válido por dos años.
«Cae sobre la gente como una bolsa de ladrillos … y sólo está empezando a hundirse», dijo Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, una coalición de organizaciones que prestan servicios legales a los inmigrantes. «Son 5.133 [solicitudes de renovación] todos los días, incluso hoy, es decir 214 por hora, si trabajamos toda la noche».
Los defensores están instando a Trump a extender la fecha límite del 5 de octubre para dar a los inmigrantes la oportunidad de recaudar dinero para pagar las cuotas de renovación, lo que podría superar un total de 76 millones de dólares si todos los elegibles aplican. También dicen que los inmigrantes en Texas y Florida, que tienen grandes poblaciones indocumentadas, podrían perder el plazo debido a la interrupción extrema causada por el huracán Harvey (e Irma).
«Hay barrios enteros que aún están inundados», dijo Leslie Crow, abogada de BakerRipley, una organización sin fines de lucro de Texas que ayuda a los inmigrantes a solicitar la renovación de los permisos de trabajo. «La gente ha perdido sus autos, la gente ha perdido todas sus pertenencias … He oído de algunos padres: «No tengo ni idea de cómo voy a poder hacer ese pago ahora».
En Virginia y Maryland, los defensores de inmigrantes están movilizando voluntarios para revisar rápidamente las solicitudes de renovación, aprovechando una red de abogados que se formó después de la orden ejecutiva que Trump firmó enero prohibiendo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de ciertos países musulmanes. Lo que está en juego, dicen los defensores, es mucho.
«El más mínimo error puede hacer que su solicitud sea devuelta, y entonces no cumplirán el plazo (para reintroducir la solicitud)», dijo Sirine Shebaya, una abogada que trabaja con la Coalición de Justicia Dulles. «Es una situación en que se necesita que todo el mundo ayude».
Salvo que surja una acción del Congreso, miles de beneficiarios de DACA comenzarán a perder su estatus legal en marzo. Alrededor de 200.000 serán eliminados del programa en 2018, seguido de 320.000 en 2019. El programa dejará de existir para 2020, dijeron el viernes funcionarios federales.
Los beneficiarios de DACA se preparan para volver a ser indocumentados, incapaces de trabajar legalmente por primera vez en cinco años. Muchos perderían seguro de salud, licencias de conducir y otros beneficios. Y estarían en riesgo de ser deportados bajo una administración que está aplicando agresivamente las leyes de inmigración.
Aterrado en casa
«Esta es mi casa, pensar en no ser protegido en su propia casa es muy aterrador», dijo Vishal Disawar, un hombre de 22 años en un incubador de tecnología (que prestan apoyo a los emprendedores orientados a la tecnología en la fase inicial y temprana de desarrollo de sus empresas) en Chicago y es originalmente ciudadano de la India. Sus padres trajeron a la familia a Estados Unidos en 2001, cuando él tenía 6 años, así que su hermana más joven podría someterse a una cirugía del corazón. Tanto él como su hermana tienen DACA; la de él expira primero, en algún momento del próximo año.
Disawar se graduó el año pasado de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign después de graduarse en ciencias de la computación y ciencias políticas. Dijo que se siente alentado de que Microsoft y otros gigantes de la tecnología están prometiendo defender a los beneficiarios de DACA que pierden su estatus y espera que más personas en el programa salga a compartir sus historias y presione por una nueva protección.
Los beneficiarios de DACA y sus defensores están luchando en múltiples frentes: en el Congreso, en los tribunales y en el estado, donde algunos están renovando sus esfuerzos para asegurar la matrícula estatal y las licencias de conducir para los inmigrantes indocumentados, incluso si no tienen DACA.
Los beneficiarios de DACA pueden obtener licencias de conducir en los 50 estados, pero sólo 12 estados y el Distrito de Columbia emiten licencias a otros inmigrantes indocumentados, según el Centro Nacional de Derecho sobre Inmigración. En Texas, por ejemplo, los beneficiarios de DACA no podrían renovar sus licencias de conducir si ésta expira, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Pública.
La batalla más urgente es en el Congreso, donde están pendientes varios proyectos de ley para abordar la situación de los jóvenes inmigrantes.
La acción del Congreso
Muchos defensores de inmigrantes están apoyando la propuesta bipartidista Dream Act, que haría que 1,8 millones de inmigrantes -incluyendo a aquellos con DACA- sean elegibles para residencia condicional, según el Migration Policy Institute. Aquellos que cumplieron con requisitos adicionales, como completar su educación, podrían solicitar la residencia permanente y obtener un camino hacia la ciudadanía de Estados Unidos.
A cambio de un proyecto de ley para proteger a los jóvenes inmigrantes, los legisladores republicanos probablemente presionen por concesiones que pondrían en mayor riesgo de deportación al resto de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los padres de los beneficiarios de DACA. Trump, por su parte, ha pedido fondos para expandir el muro en la frontera con México y para contratar a miles de agentes de patrulla fronteriza adicionales y personal para manejar las deportaciones.
Los defensores de los inmigrantes dicen que no se conformarían con nada menos que no sea una Dream Act «limpia» que no estuviese vinculada a la aplicación de la ley de inmigración. Pero los críticos de la inmigración ilegal – y algunos legisladores – han dicho que esa posición no es razonable.
«Sé que no quieren eso, pero todo el fundamento para DACA fue que no tenían ninguna opción en el asunto», dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que favorece una aplicación más dura. «Los padres no crecieron aquí y tuvieron una opción.»
Trump ha enviado señales mixtas a los beneficiarios de DACA. Durante la campaña presidencial, prometió poner fin al programa inmediatamente después de asumir el cargo. Pero actuó sólo meses después de entrar en la Casa Blanca, después de que Texas y varios otros estados amenazaron con demandar a la administración para tomar medidas contra DACA.
Tras el anuncio del martes, Trump aseguró a los jóvenes inmigrantes en Twitter que estarían a salvo de la deportación durante los próximos seis meses e instó al Congreso a aprobar una ley para resolver permanentemente su estatus. De lo contrario, dijo, «retomaría» el asunto.
El viernes, el diputado Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, dijo que tenía la esperanza de que el Congreso aprobara el Dream Act, que no ha pasado ninguna de las dos cámaras desde que fue introducida hace 16 años. Reconoció que una ley que proteja sólo a los jóvenes inmigrantes traídos aquí como niños sería difícil de asimilar para los beneficiarios de DACA, ya que sus padres seguirían en riesgo de deportación.
Pero dijo que debían tomar una batalla a la vez.
«Ustedes son los más queridos, los más cuidados, los más reconocidos de nuestros inmigrantes», dijo el viernes. «¿Qué oportunidad tengo para tu mamá y papá si te pierdo?»
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
