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Juez Federal Ordena A La Administración De Trump Permitir El Aborto A Adolescentes Indocumentadas

Los abogados del gobierno argumentaron que la adolescente, que cruzó la frontera ilegalmente, no tenía derecho a un aborto.

Una juez federal ordenó el miércoles al gobierno de los Estados Unidos permitir que una adolescente indocumentada bajo custodia se practique un aborto, diciendo que estaba "atónita" de que la administración de Trump estaba tratando de prevenir el procedimiento.

Los abogados del Fiscal General Jeff Sessions indicaron a una juez distrital de lo Estados Unidos en Washington, Tanya Chutkan, que la joven de 17 años de edad, quien cruzó la frontera ilegalmente desde Méxio el mes pasado, no tenía el derecho constitucional a un aborto electivo bajo custodia federal, a menos que fuera una emergencia médica.

Chutkan, designada en la administración de Obama, dijo que el gobierno parecía estar presentando a la adolescente, identificada en los documentos de la corte como "Jane Doe", con dos opciones: voluntariamente devolverse a la nación de la que salió para que se pueda procurar el aborto, o que lleve a término un embarazo no deseado.

"Estoy atónita por esa posición", dijo Chutkan en una audiencia de 40 minutos que principalmente fue una discusion hacia atrás y hacía adelante entre la juez y Scott Stewart, un asistente adjunto del Fiscal General.

Le ordenó al gobierno que transportara a la adolescente a realizarse el procedimiento - o permitir que un guardián la transporte - "pronto y sin demora".

Los abogados de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, quienes están representando a la joven, le pidieron Chutkan una orden de restricción para prevenir que el gobierno bloquee su plan de realizarse el aborto. También solicitaron una orden preliminar para proteger a otras personas buscando un aborto.

La abogado de ACLU, Brigitte Amiri, argumentó que estaba "fuera de cualquier tipo de límites constitucionales" que el gobierno de los Estados Unidos bloqueara a la adolescente su derecho al aborto, el cual está perservado en la sentencia Roe vs. Wade de la Corte Suprema en 1973. Un juez federal magistrado en California coincidió con ACLU pero dijo que no podía decidir el caso porque la joven estaba detenida en el sur de Texas.

Pero Stewart le dijo al juez que embarazadas menores de edad indocumentas no tienen el derecho a abortos y dijo, según los expedientes de la corte, que abrir la puerta a ese derecho "infringiría significativamente los intereses del gobierno de preservar la vida y proteger las fronteras nacionales".

"Respetuosamente difiero con que ella sea elegible para un aborto" facilitado por el gobierno, dijo destacando que el caso de esta joven no era una emergencia médica. De acuerdo a los expedientes judiciales, el gobierno dijo que tiene un "fuerte interés constitucional en promover el nacimiento de niños, negarse a facilitar el aborto, y no proveer incentivos para que menores embarazadas obtengan abortos selectivos mientras estén en custodia federal".

Chutkan respondió que la adolescente no necesita tener una emergencia médica para que se respete su derecho a un aborto. Dijo que la joven ha seguido las reglas estatales y federales: obtuvo permiso de un juez estatal en Texas para practicarse el aborto y que correría con los gastos por si misma o con ayuda del abogado nombrado por el tribunal.

El juez dijo que todo lo que el gobierno tenía que hacer es procesar el papeleo para permitir que la joven visite la clínica, tal como lo harían si tuviera que removerse las amígdalas.

Stewart dijo que la joven también podría abandonar voluntariamente los Estados Unidos y buscar otra manera de practicarse el aborto, y dijo que la joven ha decidido mantenerse bajo custodia federal en vez de regresar a su casa.

El reclamo pareció haber molestado a la juez, quien destacó que los oficiales federales llevaron a la joven, en contra de su voluntad, a un centro cristiano de embarazo para recibir ayuda y también informaron a su madre acerca del aborto. Ambas acciones potencialmente violaron su derecho constitucional a la privacidad y otras protecciones, según afirmó Chutkan.

"Ciertamente el gobierno no tiene problema en llevarla en contra de su voluntad a recibir orientación de embarazo, diseñada para hacerla cambiar de opinión", dijo Chutkan. "El gobierno no pareció haber tenido ningun problema facilitando ese servicio".

El juez y Stewart también debatieron acerca de si algunos aspectos de la ley se mantienen sin discutir.

Chutkan preguntó a Stewart si pensaba que los inmigrantes tenían derechos constitucionales y si creía que Roe vs. Wade, que garantiza el derecho de una mujer a abortar, todavía es una "ley del país".

Stewart reconoció la sentencia de la Corte Suprema pero dijo que el gobierno ve este caso como diferente porque la adolescente es una inmigrante indocumentada bajo custodia federal.

También dijo que inmigrantes indocumentados tienen protección "mínima" en este país.

"No le voy a conceder ese punto, su Señoría", dijo.

La juez se rió. "Esto es asombroso", dijo.

Durante la audiencia, Chutkan también respondió sus propias preguntas, diciendo que el estatus legal de la joven era "irrelevante" y que "a pesar de que esté ilegal en este país, todavía tiene derecjos constitucionales.

Sin embargo, la joven está rápidamente quedándose sin tiempo para un aborto legal en los Estados Unidos. La joven tiene 15 semanas de embarazo y Texas prohibe la mayoría de los abortos luego de las 20 semanas.

El país nativo de la joven no fue identificado durante la audiencia, y no está claro si el aborto es legal en su país de origen para el caso que regresara a su casa. Fue detenida en septiembre luego de cruzar la frontera de México a los Estados Unidos.


(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)