La administración Trump está lanzando una serie de medidas encaminadas a poner de relieve públicamente los supuestos peligros que representan los inmigrantes ilegales para así conseguir el apoyo político a la que necesita para una aplicación más estricta de las leyes migratorias.
La semana pasada, la administración publicó una lista de ciudades que no han cooperado plenamente con las autoridades federales de inmigración y pronto el Departamento de Seguridad Nacional dará a conocer una oficina con más de dos docenas de empleados encargados de ayudar a familias de estadounidenses víctimas de crímenes violentos por extranjeros indocumentados.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) también están examinando leyes federales de privacidad para determinar formas de compartir más libremente información personal potencialmente incriminatoria sobre inmigrantes entre las agencias gubernamentales y hacerlas públicas, incluyendo la nacionalidad, estado migratorio y antecedentes penales de quienes fueron arrestados.
Y el jueves pasado, el Departamento de Justicia destacó específicamente los delitos de inmigración y los arrestos durante la publicación de su informe estadístico anual.
Funcionarios de la administración dijeron que la estrategia está destinada a replantear el debate político sobre una reforma migratoria que va desde lo que consideran como un énfasis equivocado en el bienestar de una población estimada en 11 millones de inmigrantes ilegales hasta los impactos negativos que su presencia puede tener en las comunidades locales.
En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha utilizado en varias ocasiones la poderosa plataforma de la casa de gobierno para destacar algunos de los crímenes más sensacionales de los inmigrantes y se ha reunido en la Oficina Oval con familiares de sus víctimas.
“Estamos brindando una voz a aquellos que han sido ignorados”, dijo Trump durante su discurso de primera hora al Congreso el mes pasado antes de destacar cada una de las historias de las familias.
“Estos hombres valientes fueron brutalmente asesinados por un inmigrante ilegal con antecedentes penales y dos deportaciones previas”, dijo Trump a dos viudas de agentes de la ley muertos en el cumplimiento de su deber. “Nunca debería haber estado en nuestro país”.
Pero los críticos, entre ellos los defensores de los derechos civiles y los abogados de inmigración, dijeron que la administración Trump está infligiendo intencionalmente los peligros a una amplia gama de inmigrantes y poniéndolos como y chivo expiatorio para manipular los temores públicos y conseguir más apoyo para sus duras políticas.
Aunque los datos federales son limitados, dos informes publicados este mes ─por Sentencing Project y el Instituto Cato─ confirmaron estudios pasados de que los inmigrantes, incluyendo aquellos aquí ilegalmente, cometen delitos a una tasa menor que los estadounidenses nacidos aquí.
“La gran preocupación es que las políticas del gobierno parecen basarse en la idea de que el estatus migratorio es una especie de indicador de la criminalidad, cuando en realidad no es así”, dijo Gregory Chen, director de la American Immigration Lawyers Association . “¿Por qué esta administración está tan concentrada en hacer la conexión entre el crimen y la inmigración?”
Trump ha estado haciendo esa conexión desde su primer discurso de campaña en junio de 2015, cuando se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores, criminales y traficantes de drogas. Apareció en los eventos de campaña con “mamás ángel” cuyos hijos habían sido asesinados por inmigrantes indocumentados.
Más allá de la inmigración ilegal, Trump ha caracterizado a los inmigrantes legales como potenciales amenazas terroristas en sus intentos de promulgar una prohibición a los refugiados y viajeros mayoritariamente de naciones musulmanas. Aunque sus dos vetos migratorios han sido bloqueadas en una corte federal, la más reciente incluyó una disposición que obligaba al gobierno a comenzar a publicar información sobre actos de “violencia de género contra las mujeres”, incluyendo «homicidios de honor» en los Estados Unidos cometidos por extranjeros.
En una visita al DSN en enero, durante la cual firmó un par de órdenes ejecutivas para acelerar las deportaciones en Estados Unidos, Trump dijo: “Los expertos hablan de cómo la aplicación de las leyes de inmigración puede separar a las familias inmigrantes ilegales, pero las familias que las que no hablan son las familias de los estadounidenses”.
El foco de Trump en esas familias, a través de la nueva oficina llamada Víctimas de Delito de Inmigración (VOICE, por sus siglas en inglés), representa una abrupta ruptura a la retórica de su predecesor. El presidente Barack Obama hizo hincapié en el equilibrio entre el respeto de la ley y mostrar empatía hacia los inmigrantes que no habían cometido crímenes, en particular aquellos conocidos como “soñadores” (dreamers) que llegaron ilegalmente al país como niños y que a menudo eran representados como trabajadores que hacen grandes esfuerzos.
La semana pasada, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, citó un caso de violación en una escuela secundaria de Rockville, Maryland, en la que los dos presuntos autores adolescentes estaban ilegalmente en el país para justificar las políticas de línea dura de Trump.
“Parte de la razón por la que el presidente ha hecho de la inmigración ilegal y de la campaña para la reprimirla un gran asunto es por tragedias como esta”, dijo Spicer, en respuesta a una pregunta sobre el caso. “Por eso es apasionado al respecto, porque las personas son víctimas de estos crímenes … La inmigración paga su precio con nuestra gente, si no se hace legalmente, y este es otro ejemplo”.
Los aliados de Trump también han ofrecido cobertura de crímenes sensacionales por inmigrantes. Breitbart, el sitio de noticias conservador supervisado previamente por el consejero mayor de la Casa Blanca, Stephen K. Bannon, dedica regularmente una sección en su página de inicio a tal contenido.
Trump apunta a destacar el hecho de que “la mala política de inmigración tiene consecuencias para las familias estadounidenses”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por niveles de inmigración más bajos. “Cuando los medios de comunicación hacen historias sobre familias que están separadas porque un padre borracho es deportado, está bien, pero también hay muchas historias de víctimas entre los estadounidenses”.
Dentro del DSN, se dice que los funcionarios de carrera de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están aliviados por las nuevas directrices de la administración Trump, dijo un funcionario de la carrera que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.
El funcionario dijo que el personal solía bromear con ironía que las políticas de Obama equivalían a “discreción del fiscal en una conferencia de prensa”, lo que significa que los procedimientos de deportación contra los inmigrantes serían eliminados basándose en la cantidad de publicidad negativa de los grupos de defensa.
“Hubo una gran sensación de frustración entre agentes y oficiales que incluso cuando estábamos claramente en lo correcto, no se nos permitía defendernos con firmeza en ocasiones que sentimos que debíamos”, dijo el funcionario.
El número de deportaciones, que había alcanzado su punto máximo al final del primer mandato de Obama, cayó drásticamente durante su segundo mandato, cuando el gobierno implementó políticas dirigidas a acciones coercitivas contra criminales y recién llegados al país.
La semana pasada, el DSN dio el primer paso hacia una estrategia de relaciones públicas más sólida según lo ordenado por los vetos migratorios de Trump, publicando una lista de 206 jurisdicciones locales ─que se actualizarían semanalmente─ que se niegan a retener más allá de sus fechas de liberación a los inmigrantes arrestados. El gobierno podría tomarlos bajo custodia y tratar de deportarlos.
El plan de señalar y avergonzar a las jurisdicciones tiene como objetivo presionar al público para que coopere, especialmente las ciudades santuarios que no quieren que los inmigrantes teman a la policía o sean deportados por delitos menores de tráfico. Trump ha amenazado con retener algunos fondos federales de esas ciudades.
John Sandweg, ex director interino de ICE, rechazó la noción de que el gobierno de Obama era indulgente con los inmigrantes criminales. Más bien, dijo, el número de personas que había cometido delitos graves, como asesinato, violación, tráfico de drogas o conducir bajo efectos del acohol, era relativamente pequeño.
“Cuando teníamos unas prioridades más amplias, estábamos atacando muchos problemas que no constituían una amenaza a la seguridad pública, pero quemando muchos recursos”, dijo Sandweg. Trump está “tratando de engañar al público para que piense que 11 millones de personas son una amenaza. Eso no es verdad. Es un porcentaje muy pequeño que es una amenaza. La forma de mejorar la seguridad pública es mantener a ICE enfocada en ese pequeño porcentaje”.
En cambio, las órdenes ejecutivas de Trump amplían significativamente el grupo de inmigrantes que se consideran prioritarios para ser sacados del país, una estrategia, dicen los críticos, para ayudar al presidente a impulsar más fácilmente las deportaciones y cumplir con sus promesas de campaña.
“Vamos a sacar a los malos: los criminales y los narcotraficantes y pandillas y pandilleros y líderes de cárteles”, dijo Trump durante su visita al DSN. Pero sus críticos predicen que ICE comenzará a apuntar a aquellos con órdenes de remoción sobresalientes basados en infracciones relativamente menores o aquellos que se registran con agentes de libertad condicional.
“Si los hechos estuvieran alineados con lo que dicen acerca de la criminalidad de los inmigrantes, no tendrían que jugar con estas horribles anécdotas”, dijo Alex Nowrasteh, coautor del informe de Cato sobre crimen migratorio. “Lo veo como una táctica política para apoyar una agenda política, es la formulación de políticas por miedo, no por hechos”.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
