El pacto del gobierno con los rebeldes izquierdistas de la FARC para lograr acabar con la guerra que han tenido por 52 años, presenta amenazas de múltiples enemigos y opositores. Los que apoyan el acuerdo han estado alarmados por la ola de ataques letales en contra de los líderes comunitarios y activistas de izquierda.
Pero el opositor más formidable del tratado no es probablemente la contraposición del ala derecha de la política ni un grupo militar sombrío. Más bien es la realidad económica de las áreas rurales pobres de Colombia.
Esto se puso al descubierto una vez más esta semana cuando el gobierno colombiano anunció que ha confiscado más de 98 millones de dólares en activos, pertenecientes a distiendes de la FARC que se han negado ha desmovilizarse y unirse al proceso de paz.
Lo que debería ser un momento de orgullo para la fiscalía colombiana fue más bien un momento de sobriedad. 98 millones de dólares es bastante dinero, especialmente en la Colombia rural, y podría ser la punta del iceberg del botín de guerra de la guerrilla.
Si los fiscales están en lo correcto y la suma corresponde a los que se encuentran en las facciones disidentes, lo que corresponde a cerca de 500 miembros de los 7 mil de la FARC, la suma es de cerca de 200 mil dólares por rebelde.
Es otro recordatorio de que la llamada “economía ilícita” de Colombia – tráfico de drogas, extorsión y minería ilegal – es asombrosamente lucrativa. Van a mantenerse luego de que la FARC deje de dominarlas, generando la posibilidad de que la paz postguerra sea arruinada por un aumento de violencia criminal.
Los rebeldes han accedido a entregar las ganancias que se hicieron en la guerra como parte del proceso de paz y, al mismo tiempo, hacer reparaciones financieras a víctimas del conflicto. Pero el Presidente Juan Manuel Santos ha dado la instrucción a la fiscalía a que persiga los bienes de los rebeldes y los use para financiar el trato de paz si es posible.
Néstor Humberto Martínez, el Fiscal General de Colombia, le dijo a reporteros esta semana que las propiedades congeladas de la FARC fueron derivadas de la participación de la guerrilla en el tráfico de narcóticos y minería ilegal.
La confiscaciones incluyen más de 600 mil acres de tierra, así como residencias y negocios.
Como un ejemplo, Martínez señaló operaciones ilegales de minería dentro de parques nacionales de Colombia a través de la cual se extrajeron minerales como el cobalto y tungsteno, exportando cinco millones de dólares en minerales a través de dos compañías fantasmas de la FARC
Con la FARC oficialmente fuera de negocio y en la fase de desarme que inicia esta semana bajo la supervisión de la ONU, el mercado de productos ilegales en Colombia está fundamental disponible para ser tomada. El gobierno dijo que se está apresurando para llenar el vacío y asegurarse de que grupos criminales no tomen el lugar de la FARC.
Pero esa lucha es una de las grandes razones por las que los líderes de la comunidad y activistas sociales están siendo masacrados en las áreas rurales. Ellos son muchas veces los únicos que alzan la voz acerca de las actividades ilegales en sus comunidades o quienes ponen resistencia cuando grupos criminales llegan a los pueblos y tratan de intimidar a la población local.
Esos sindicatos están reclutando de manera activa a soldados de la FARC que no están contentos con el proceso de paz y que no quieren bajar sus armas, de acuerdo al gobierno.
Martínez dijo el mes pasado que la banda criminal más poderosa de Colombia, conocida como Clan del Golfo o Los Urabeños, ha ofrecido a ex miembros de la FARC alrededor de 600 dólares al mes. Eso representa más del doble de la remuneración a la que los rebeldes desmovilizados podrían recibir por parte del gobierno de Colombia bajo el los términos del acuerdo de paz.
