En desafío a la inmensa mayoría de su propio pueblo, el gobierno venezolano está presionando con un plan para desmantelar lo que queda de las instituciones políticas democráticas del país. Este domingo tiene la intención de organizar un voto fraudulento para crear una asamblea constituyente que tenga el poder de anular a todos los demás órganos, incluyendo a la Asamblea Nacional elegida, los gobernadores de los estados y los tribunales. Aunque el presidente Nicolás Maduro y la pandilla de corruptos que lo rodea han sido vagos acerca de sus últimas intenciones, es probable que la asamblea constituyente se utilice para abolir el parlamento controlada por la oposición, anular futuras elecciones y establecer un régimen parecido al de Cuba.
Durante los meses de diarias manifestaciones por cientos de miles de venezolanos, en los que más de 100 personas han muerto y más de 1.000 resultaron heridas, no han hecho nada para detener la marcha del régimen hacia la dictadura. La semana pasada, más de 7 millones de personas se opusieron a la asamblea constituyente en un referéndum organizado por la oposición – 2 millones de personas más de las que apoyaron al gobierno en las últimas elecciones. El régimen se encogió de hombros. Tampoco ha escuchado los llamados de sus vecinos latinoamericanos y otras democracias occidentales.
Los intentos de negociar un acuerdo entre el gobierno y la oposición por los estadistas socialistas amistosos y el Vaticano han fracasado, porque Maduro y sus asociados, profundamente involucrados en el tráfico de drogas y el robo masivo, no tienen interés en el compromiso. Una huelga general y los planes para otra manifestación masiva en Caracas el viernes son los últimos intentos de la oposición de detener lo que sólo se puede llamar un golpe.
Como una nación productora de petróleo, alguna vez próspera, ha caído en el caos político y la crisis humanitaria en los últimos años, la respuesta de Estados Unidos y otras democracias ha sido consistentemente inadecuada – «demasiado poco y demasiado tarde», como dijo Luis Almagro, Secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Un momento decisivo ocurrió el año pasado cuando la administración Obama, en lugar de insistir en que el régimen respetara un proceso constitucional para un referendo revocatorio, presionó a la oposición a participar en negociaciones infructuosas.
Para su crédito, el gobierno de Trump ha endurecido la política de Estados Unidos, decretando tres rondas de sanciones a altos funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas y la supresión de la democracia; 13 personas más fueron sancionadas el miércoles. El presidente Donald Trump emitió una declaración la semana pasada prometiendo «acciones económicas fuertes y rápidas» si las elecciones de la asamblea constituyente continúan.
El riesgo ahora es que la política estadounidense irá demasiado lejos. Según informes, la Casa Blanca considera sanciones a las exportaciones venezolanas de petróleo, que proporcionan el 95 por ciento de los ingresos de exportación del país, incluida una posible prohibición de enviar los 700.000 barriles diarios que aproximadamente van a los Estados Unidos. Esa acción sería devastadora para los 30 millones de habitantes de Venezuela, que ya enfrentan una grave escasez de alimentos y medicinas. También le dará al régimen de Maduro una excusa para las catastróficas condiciones económicas que ha creado – y por lo que ahora tiene exclusiva culpa.
Si la asamblea constituyente es llevada a cabo, los Estados Unidos deben reaccionar de manera decisiva, pero debe hacerlo de una manera que castigue a los gobernantes corruptos de Venezuela, no a su población que ha estado sufriendo por mucho tiempo.
*Este editorial apareció en la edición del viernes del Washington Post
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
