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Chelsea y Lawrence demandan a la administración de Trump


La demanda exige que se respete la autonomía de las ciudades santuario

2/8/2017, 10:44 a.m.
Chelsea y Lawrence demandan a la administración de Trump

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la firma de abogados Goodwin presentaron este miércoles una demanda contra la Administración Trump en nombre de las ciudades santuario de Massachusetts Chelsea y Lawrence.

El texto de la demanda argumenta que la orden ejecutiva de Trump que amenaza a las llamadas "jurisdicciones de santuarios" con recortar fondos federales es "inconstitucional, vaga, coercitiva y una ofensa al federalismo". Además, argumenta que constituye un abuso del poder ejecutivo, ya que busca imponer penas provocadas por un incumplimiento vagamente definido de la política federal de inmigración.

La demanda, presentada el miércoles en la Corte Distrital de Massachusetts, busca bloquear la ejecución de la orden y proteger los derechos de las jurisdicciones locales para promulgar políticas que consideren que promueven la seguridad pública y la confianza los oficiales locales. Alega que el lenguaje de la orden es excesivo y ambiguo en tanto que hace imposible que las municipalidades determinen si son consideradas "jurisdicciones de santuario" y permite la ejecución arbitraria de la orden a discreción del Procurador General.

Las ciudades santuario, como Chelsea y Lawrence, dependen en gran medida del financiamiento federal para servicios básicos tales como el funcionamiento de escuelas y servicios vitales de emergencia, y por lo tanto la amenaza de la ejecución de la orden paraliza su capacidad para presupuestar y gobernar efectivamente.

Tanto Chelsea como Lawrence tienen una mayoría de población latina, y un porcentaje significativo de sus residentes vive por debajo de la línea de pobreza. De hecho, ambas ciudades se encuentran entre las comunidades más pobres de Massachusetts.

Al igual que muchas otras jurisdicciones, Chelsea y Lawrence han promulgado políticas que instruyen a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley para que traten a todos los residentes por igual, independientemente de su estatus migratorio.

Estas políticas están destinadas a generar confianza entre la policía de un municipio y su población local, y estudios han demostrado que las víctimas y los testigos de los crímenes son mucho menos propensos a presentarse si temen la deportación. La demanda argumenta que tales leyes y políticas no violan la ley federal de inmigración, y por lo tanto la Administración no tiene base para su orden.

"La separación de poderes y la autonomía del gobierno local están en el fundamento mismo de nuestros sistemas gubernamentales y legales, y esta orden no tiene en cuenta ninguno de los dos", dijo Elaine Herrmann Blais, cabeza del Departamento de Litigios de Boston en la firma Goodwin. "Es fundamental que no sólo defendamos los derechos de muchos inmigrantes indocumentados en estas comunidades, sino también los principios legales que son la base de nuestra sociedad".

"El gobierno federal continúa sus esfuerzos para pisotear los derechos de las minorías y los inmigrantes, y para perseguir su agenda de discriminación encubierta. Es nuestra responsabilidad ponernos de pie y proteger los derechos que nos definen como sociedad y están consagrados en nuestra Constitución", opinó Ivan Espinoza-Madrigal, Director Ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles. "No basta con que esta administración detenga e interrogue a los refugiados e inmigrantes en los aeropuertos - ahora trata de castigar, a través de la acción ejecutiva, a las comunidades que están protegiendo legalmente a sus residentes. Estamos llevando esta lucha por los derechos civiles de la calle a la sala de audiencias para obligar al gobierno federal a cumplir con el estado de derecho".

Las organizaciones comunitarias que apoyan a los inmigrantes elogiaron el litigio y han expresado un fuerte apoyo a las ciudades santuario. "Las familias y los niños a quienes servimos se valen de estas protecciones locales. Invitamos a otras organizaciones a unirse a nosotros para apoyar este importante caso", dijo Gladys Vega, Directora Ejecutiva de la Colaborativa de Chelsea.

La demanda solicita al tribunal que declare la orden ejecutiva inconstitucional y que se establezca que las ciudades demandantes están en pleno cumplimiento con la ley federal.

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