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Recortes dejan en limbo a inmigrantes que necesitan diálisis

Por: Kate Brumback

Antes de que comenzara a recibir los tratamientos de diálisis en el Hospital Grady Memorial de Atlanta, Bineet Kaur estaba tan enferma por una insuficiencia renal que apenas podía caminar.

Los recuerdos de aquel dolor volvieron en septiembre, cuando recibió una carta que le informaba sobre el cierre de la clínica.

El tratamiento suele costar entre $40,000 y $50,000 anuales por paciente, y Grady es sólo uno de los hospitales públicos que, en medio de los problemas económicos, han eliminado el servicio para reducir los costos. Muchos pacientes pobres que requieren diálisis, incluida Kaur, son inmigrantes indocumentados, de modo que las instalaciones que les dan tratamientos no reciben dinero del gobierno federal para esa atención.

Desde octubre, cuando cerró la clínica, Kaur y otros pacientes han recibido tratamientos privados de diálisis, financiados por Grady, que pasa dificultades a fin de encontrar nuevos prestadores de la atención. Incluso, Grady ha ofrecido comprar a los pacientes boletos de avión para que vuelvan a sus países.

"Espero realmente que Dios me ayude", dijoKaur, de 26 años. y de India. "De otro modo, es como tener una sentencia de muerte".

Los hospitales públicos suelen ser la única opción para los inmigrantes indocumentados y otros que carecen seguro de salud, pues esas clínicas atienden a cualquier persona. Pero muchos de esos hospitales tienen severos problemas de financiación, y varios han renunciado al tratamiento de diálisis para controlar los costos.

Directivos de Grady dicen que la clínica perdía entre $2 y $4 millones al año.

Jackson Health System, el hospital público en el condado de Miami-Dade, dejó de pagar las diálisis de 175 indigentes el 31 de diciembre. Un mes después, unos 40 pacientes --la mitad de ellos indocumentados-- seguían buscando una alternativa de tratamiento.

El hospital confió en ahorrar más de $4 millones al año con la medida.

El Centro Médico de la Universidad en Las Vegas ha visto reducido su presupuesto, mientras que las visitas a la sala de urgencias para diálisis se incrementaron a más del doble entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2009, de 116 a 243.

La clínica dejó de pagar para diálisis en instituciones privadas, pero eroga ahora unos $700,000 mensuales para diálisis en su sala de emergencias.

"Uno trata de decidir qué servicios eliminar, y esa parecería una medida fácil", dijo Rick Plummer, vocero del hospital. "Pero esto terminó cambiando el destino de la carga económica, porque ahora, los pacientes llegan muy enfermos a la sala de urgencias".

Larry Gage, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Públicos y Sistemas de Salud, dijo que muchas clínicas se replantean los servicios que ofrecen.

"Esto se reduce a una decisión de dónde poner los escasos recursos", añadió Gage.

Algunos argumentan que los inmigrantes indocumentados son una carga que no debería soportar el sistema de salud de la nación.

"Cuando uno tiene problemas de salud que requieren de atención continua a largo plazo, el gobierno necesita enviar a estas personas de regreso a sus países", consideró Ira Mehlman, vocero de la Federación por la Reforma de Inmigración en Estados Unidos. Ese grupo está a favor de medidas más severas contra los inmigrantes indocumentados.

"Ellos no pueden esperar que el contribuyente pague las cuentas indefinidamente", añadió.

Medicare, el programa de seguro de salud para mayores de 65 años, cubre diálisis de rutina para ciudadanos estadounidenses, sin importar su edad, pero los indocumentados no pueden optar por estos servicios.

Los cambios en el sistema de salud, contemplados en el Congreso, difícilmente mejorarán la situación para los indocumentados, pues las iniciativas act